¿Cuál es el destino de la justicia en México?
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha validado recientemente la elección de integrantes del Poder Judicial, una decisión que ha dejado más preguntas que respuestas, y más incertidumbre que certeza; a pesar de las múltiples anomalías documentadas, incluyendo el uso de los famosos “acordeones”, que ni en nuestros tiempos de escuela estaban permitidos y hoy se vio como una práctica de lo más normal, el sacar esos resúmenes ilegales de respuestas que más de un aspirante consultó como si se tratara de un examen escolar; a pesar de todo eso, la autoridad electoral decidió dar por buena la elección. ¿El argumento? Que no hubo una afectación significativa al resultado. ¿Ustedes lo creen?, lo que me hace cuestionar entonces, ¿qué clase de estándar democrático se sostiene sobre la premisa de que hacer trampa no importa si no cambia el marcador?
La validación de esta elección resulta aún más preocupante cuando se contrasta con la calidad, o más bien la falta de ella, de algunos de los nuevos perfiles designados como ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y también en el recién constituido Tribunal de Disciplina Judicial, no es un secreto que varios de ellos y ellas han demostrado una preocupante carencia de preparación técnica, independencia de criterio e incluso nociones básicas del derecho constitucional, conocimiento que incluso por cultura general cada persona deberíamos de saber por lo menos “de pasadita”. La justicia no solo se degrada cuando se le ignora, sino también cuando se le encomienda a manos incapaces.
A este escenario se suma un elemento revelador, la bajísima por no decir casi nula participación ciudadana, la votación para elegir a estos nuevos jueces y juezas fue pobre, casi testimonial, sin movilización ni interés público significativo o por lo menos no de manera genuina; a pesar de las campañas gubernamentales para impulsar el proceso, la mayoría de la ciudadanía optó por abstenerse, y entran muchos factores una de ellas fue la falta de información o por desconfianza en la legitimidad del ejercicio, el poco conocimiento de quienes eran los candidatos y una de las cosas más importantes, el saber cómo votar; todo lo anterior me parece grave porque elecciones judiciales sin credibilidad generan autoridades judiciales sin autoridad moral.
Y es que este denominado experimento de la elección popular de jueces no termina aquí, diría Raúl Velazco, “aún hay más”, en el 2026, se prevé que varias entidades entre ellas Chiapas, Tabasco y Veracruz implementen mecanismos similares para sus poderes judiciales locales. Y hacia 2027, podrían sumarse estados como Puebla, Morelos y Oaxaca. De modo que si el modelo no se corrige, estos ejercicios corren el riesgo de convertirse en simples rituales de legitimación política, y no en auténticos procesos de fortalecimiento judicial.
Hoy, México enfrenta una disyuntiva histórica, por un lado se tiene la promesa de democratizar el acceso a la justicia; por otro, el riesgo de convertir al Poder Judicial en un brazo más del poder político, reducido a cuotas, cuates y complicidades, aunque digan que no, solo falta dar un vistazo la conformación de la SCJN para darnos cuenta la afinidad que ministros y ministras tienen con el gobierno de la 4T.
La justicia no puede ni debe nacer de elecciones viciadas, ni sostenerse en perfiles improvisados, si el propósito es acercar el derecho al pueblo, entonces la ruta pasa por fortalecer la independencia judicial, garantizar concursos de mérito reales y transparentes, y fomentar una cultura jurídica sólida desde la educación básica; pero de eso todavía estamos a mil años luz, lo que este año se vivió fue prueba y error, más error que otra cosa; y aunque digan algunos que fue un éxito, que la ciudadanía participó y eligió; todos ellos en el fondo saben que son “mentiras a medias”.
Y es que fuera de estar democratizando la justicia, hoy simplemente se está politizando; de seguir así las cosas no terminarán bien. ¿Qué nos espera como país cuando la legalidad se define más por afinidades partidistas que por principios constitucionales?
El camino que elijamos no solo definirá los próximos años del Poder Judicial, sino el tipo de república que queremos ser y la justicia que anhelamos y queremos tener en un país, donde la injusticia, corrupción, las palancas y amistades han enlodado la confianza de la aplicación de la Ley.
