POR LILY ORTIZ
“Guardia Nacional, en ruta hacia la militarización total”
La Cámara de Diputados, aprobó en lo general la reforma a la Ley de la Guardia Nacional con 349 votos a favor, emitidos por las bancadas de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo; con esta votación, no solo se concreta un cambio estructural en la institución de seguridad pública creada, recordarán durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, esto ahora se consolida un modelo que profundiza la militarización de la seguridad en México, al margen del espíritu constitucional.
Pensarán que se exagera pero no; el cambio más significativo es el traspaso total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A partir de ahora, la Sedena asumirá el control absoluto de sus funciones operativas y administrativas, lo anterior significa que la cadena de mando ya no estará bajo un órgano civil, sino militar, de modo que el titular de la Guardia Nacional será designado por el secretario de la Defensa y ostentará el grado de General de División, con ello se consolida un mando castrense en un cuerpo que fue originalmente planteado como civil; incluso cuando se formó la GN se vendió la idea de una fuerza de seguridad civil, se juró y perjuró por diputados de la 4T que nunca se militarizaría, que ellos y el ejército serían cosas distinta; al parecer ya se les olvidó.
Y es que las modificaciones van más allá del organigrama, hoy se han ampliado las facultades de esta corporación, ahora podrá intervenir comunicaciones, operar con “usuarios simulados”, acceder a datos georreferenciados y realizar operaciones encubiertas, siempre bajo autorización judicial. A esto se suma la posibilidad de que sus elementos sean transferidos al Ejército o la Fuerza Aérea según las necesidades de las mismas, reforzando su carácter híbrido entre lo policial y lo militar.
Este rediseño no solo plantea un dilema jurídico, sino político e institucional, la Constitución mexicana, en su artículo 21, establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil; y al parecer esta reforma ignora ese principio y lo sustituye por una lógica de seguridad nacional y disciplina militar, sin que exista un contrapeso parlamentario efectivo que limite el poder del Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas. A la oposición PRI, PAN y Movimiento Ciudadano no le alcanzaron los votos para frenar tal propuesta.
La oposición ha señalado, con razón, que este rediseño abre la puerta a un uso discrecional y sin control del aparato militar en funciones que deberían ser del ámbito civil y local. De hecho, la Guardia Nacional tendrá facultades para investigar delitos del fuero común, colaborar con policías estatales y municipales, y ejercer funciones judiciales bajo la supervisión del Ministerio Público. Pero lo hará bajo una lógica militar, jerárquica y centralizada.
Y por si fuera poco todo lo anterior, más preocupante aún, es la inclusión de una cláusula que permite a los elementos de la Guardia Nacional solicitar licencias para contender por cargos de elección popular, al igual que otros miembros de las Fuerzas Armadas. Esto podría derivar en una politización indeseada del estamento militar, debilitando la línea que históricamente ha separado al poder militar de la participación política, y abriendo la puerta a un futuro donde los militares no solo patrullen las calles, sino también gobiernen desde cargos civiles.
La concentración de facultades en un órgano militar sin controles claros ni límites efectivos representa un riesgo para la democracia mexicana. Y sinceramente no exageramos, actualmente en lugar de avanzar hacia un modelo de seguridad más profesional, con instituciones civiles fuertes y responsables ante la ciudadanía, se apuesta por un modelo vertical, centralizado y opaco, donde las decisiones se toman en cuarteles y no en espacios públicos de deliberación.
México necesita seguridad, sí, sin duda alguna; muchos ciudadanos están ávidos de poder vivir en paz y tranquilidad en su entorno; pero no a cualquier costo, no se puede combatir la violencia renunciando al Estado de derecho ni sacrificando los principios constitucionales. Lo que hoy se presenta como una medida de eficacia operativa, podría mañana convertirse en un precedente peligroso: el de una seguridad sin democracia.
