POR: LILY ORTIZ
Ciberseguridad o censura: una delgada línea que no debemos cruzar
El diputado Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores de Morena en San Lázaro, ha anunciado su intención de retomar la propuesta de Ley de Ciberseguridad que presentó en el Senado en 2021, y es que según sus propias palabras, esta iniciativa busca “regular las redes sociales y garantizar el derecho a la libertad de expresión”. A primera vista, la intención parece noble, incluso necesaria, en un mundo digital cada vez más complejo, sin embargo, una revisión más cuidadosa deja ver que el riesgo de desvirtuar esa promesa en nombre de una supuesta protección puede ser tan grande como perjudicial para la democracia.
En su propuesta original, Monreal sostenía que es “ineludible” e “inevitable” hablar de redes sociales para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales, a la vez afirmaba que la libertad de expresión en el ciberespacio no debe quedar en manos de empresas privadas, sino que debe ser regulada por el Estado, narrativa que además trae consigo verdades a medias, con intenciones opacas, que abre una puerta peligrosa, que pudiera se el control del gobierno sobre la opinión pública.
Si bien es cierto que las grandes plataformas digitales deben ser sujetas a normas claras en cuanto a transparencia y responsabilidad, en este punto creo que todos estamos en la misma sintonía; pero también la libertad de expresión tanto de medios de comunicación como de ciudadanos comunes, no puede ni debe estar subordinada a una ley que pueda utilizarse como herramienta de censura encubierta, mucho menos en un país como México, donde la polarización política y la criminalización del disenso se han vuelto una constante.
No sorprende que desde la oposición hayan surgido advertencias, caso concreto del senador priista Manuel Añorve, quien ironizó diciendo que “solo faltaría que haya toque de queda o desaparezcan al INE”, subrayando lo que muchos temen: que esta ley sea una excusa para silenciar voces críticas bajo el disfraz de seguridad digital.
Aunque aún no hay una respuesta unificada por parte de otros partidos, la preocupación es legítima, hay que recordar que ya antes se ha acusado al gobierno federal de prácticas de espionaje y de una actitud cada vez menos tolerante a la crítica.
Además, no podemos ignorar el contexto político. Morena y sus aliados cuentan con una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, de aprobarse esta ley sin el debate y consenso necesarios, estaríamos frente a una imposición con efectos irreversibles para la vida democrática del país. Una ley de ciberseguridad aprobada al vapor podría derivar en vigilancia, autocensura, y represión digital, afectando no solo a periodistas o actores políticos, sino a cualquier ciudadano que alce la voz en redes sociales, suena fatídico pero es una posibilidad.
La ciudadanía debe mantenerse vigilante; no basta con denunciar en redes sociales; es momento de exigir transparencia, escuchar voces expertas en derechos digitales, y participar activamente en los debates públicos. Una verdadera ley de ciberseguridad debe proteger nuestros datos, garantizar la privacidad, y fortalecer la libertad de expresión, no cercenarla.
Regular el ciberespacio es un reto del siglo XXI, eso sin duda, pero la regulación sin garantías democráticas es solo otro nombre para el autoritarismo. La línea es delgada, y estamos peligrosamente cerca de cruzarla.
