POR: LILY ORTIZ
Aborto en Durango: entre la moral impuesta y los derechos constitucionales
Durango está hoy en la antesala de una transformación jurídica y social profunda y me refiero a la despenalización del aborto; un paso impostergable y, sin embargo, largamente resistido. Esta resistencia no ha sido menor, recordemos que la única vez que el tema llegó al pleno del Congreso del Estado, en septiembre de 2022, fue rechazado con 15 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones. Aquel intento, impulsado por colectivos feministas, fue respaldado en comisiones, pero sucumbió en el pleno pese al plantón que feministas hicieron en el recinto legislativo, incluso pernoctando en el lugar.
Pero lo que no logró la vía legislativa en 2022, hoy se impone desde la justicia federal, en julio de 2023, un grupo de organizaciones como “Sí Hay Mujeres en Durango”, REDefine Durango y el colectivo nacional GIRE; promovieron un amparo que culminó, en marzo de 2024, con una resolución histórica; un juez federal declaró inconstitucional la penalización del aborto en la entidad. Y ahora, el Segundo Tribunal Colegiado del 25º Circuito ha ido más allá, ordenando al Congreso del Estado de Durango derogar los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto, por ser contrarios al derecho a decidir, a la salud y a la dignidad de las mujeres.
Esta decisión judicial coloca a Durango como el estado número 25 en despenalizar el aborto en México, y el décimo en hacerlo por mandato judicial.
Sin embargo, esto va más allá de una cifra o estadística; es la constatación de que la inacción política no puede estar por encima de los derechos humanos. El Congreso del Estado, aunque actualmente esta en receso, tiene la obligación de acatar esta resolución, incluso convocando a un periodo extraordinario si fuera necesario. Y es que no hacerlo podría acarrear sanciones legales, juicios políticos o denuncias ante el Ministerio Público.
Este momento no es menor, hoy se exige reflexión, no reacción; la despenalización del aborto ¡ojo! no obliga a nadie a interrumpir un embarazo. Lo que hace es dejar de castigar a quien lo decide por razones personales, médicas o económicas. Es reconocer que la maternidad debe ser deseada, no impuesta. Que el Estado no puede seguir legislando con base en principios morales o religiosos que no todos comparten.
Y claramente la discusión en torno al aborto despierta posturas profundamente emocionales y éticas, sobre todo en una sociedad como la duranguense, marcada por valores tradicionales y religiosos; que sin duda son respetables y deben de considerarse, incluso este fallo puede sentirse como una confrontación. Pero si lo analizamos desde otra postura, en realidad es una oportunidad para que el Congreso demuestre madurez política, escuche a sus ciudadanas y ciudadanos, y se coloque del lado de la justicia constitucional y los derechos humanos.
El verdadero desafío no es legal, sino social: ¿será Durango capaz de entender que la legalización del aborto no es una amenaza, sino una garantía? ¿Podrán sus representantes dejar de lado sus prejuicios para legislar con responsabilidad y visión de futuro? Hoy, más que nunca, la respuesta a esas preguntas marcará la historia política y moral de nuestro estado.
