POR: LILY ORTIZ
Durango y su nuevo Poder Judicial
El pasado 1 de junio, Durango escribió una página inédita en su historia: por primera vez, la ciudadanía eligió en las urnas a 49 jueces y magistrados que este lunes rindieron protesta en el Congreso del Estado; se habla de un acto histórico, incluso de una “nueva era” para el Poder Judicial. Sin embargo, más allá de los discursos, vale la pena preguntarnos: ¿estamos frente a una verdadera transformación o apenas frente a un experimento cargado de buenas intenciones, pero con riesgos latentes?, y es que todo puede ser.
Durante dos siglos, el Poder Judicial duranguense funcionó bajo un esquema de designación directa desde el Ejecutivo, con el aval casi automático del Congreso. Y la realidad es que ese sistema tenía vicios, sí, pero también generaba perfiles con experiencia técnica y profesional en la impartición de justicia. Hoy, el cambio coloca en manos del voto popular una responsabilidad que demanda conocimientos especializados, y no digo que no lo tengan quienes ocupan hoy este cargo; se supone que por algo están ahí; por algo fueron valorados y aprobados por las diferentes comisiones conformadas en los tres poderes( para tener la confianza como ciudadanos que quienes están en dichos espacios cumplen a cabalidad con los perfiles y la confianza que les fue depositada.
El argumento de que “la justicia ahora emana del pueblo” suena poderoso en lo político, y hasta bonito en el discurso; lo importante es que sea fuerte en lo práctico. Porque una cosa es elegir a un alcalde o a un diputado, y otra muy distinta elegir a quienes deben interpretar la ley con criterios técnicos, no con simpatías electorales. El ciudadano, como usted y como yo, que acudimos aquel domingo a votar deben de tener plena seguridad que bajo esa responsabilidad pesa el mérito profesional y que existen garantías de que quienes hoy toman protesta de que a los únicos intereses que responderán serán a los de la justicia, pronta, justa y equitativa.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Georgina Patricia Galván, habló de un “antes y un después” en la vida institucional del estado. Tiene razón: es un antes y un después, pero la pregunta de fondo es si ese “después” nos llevará a una justicia más sólida o a un Poder Judicial debilitado por la lógica electoral.
Por ahora, el discurso oficial insiste en que este modelo coloca a Durango como pionero nacional, y tal vez así es, el punto y lo importante es que lo coloque en positivo y eso lo marcarán quienes impartan la justicia en la entidad; de su eficacia dependerá el cómo seamos señalados; de un éxito o todo lo contrario. Porque si algo no admite improvisaciones es precisamente la justicia, y si algo no soporta la democracia es el desencanto ciudadano cuando las promesas se quedan en el aire; y habrá que recordar que esas 49 personas que hoy ocuparán un carpo en el Poder Judicial, hicieron campaña, hicieron promesas ante la ciudadanía y hay compromisos, sobre todo la palabra empeñada en que iban a hacer mejor las cosas.
De poco servirá haber votado si dentro de nueve años los duranguenses sienten que nada cambió: que la justicia sigue siendo lenta, costosa y sesgada. La diferencia es que ahora ya no podrán culpar solo al gobernador o al Congreso; ahora la responsabilidad estará repartida entre quienes votaron y quienes fueron electos.
Durango no necesitaba únicamente una justicia electa en las urnas, sino una justicia eficaz, confiable y pronta. Si lo que nació este lunes es una verdadera democratización o simplemente un espejismo político, lo dirá el tiempo. Lo cierto es que la ciudadanía ya hizo su parte al acudir a votar. Ahora el Poder Judicial tiene la obligación de demostrar que la legitimidad electoral puede traducirse en legitimidad judicial.
Y ahí está el verdadero reto; no basta con estrenar un modelo; hay que probar que funciona y que lo hace bien. De lo contrario, lo que hoy se celebra como avance democrático podría terminar siendo recordado como todo lo contrario; eso depende de ellos y de nosotros como ciudadanos, recordar que ellos y ellas fueran electos, que fue decisión del pueblo; y que tenemos la obligación y derecho de señalar si las cosas no se hacen bien; pero sobre todo el de exigir rendición de una plena justicia. ¡Que esto sea en bien de la buena impartición de justicia!
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