POR: LILY ORTIZ
“Ser servidor público en Michoacán: una sentencia de muerte anticipada”
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre, no solo apagó la vida de un hombre que intentaba servir a su comunidad, sino que volvió a encender las alarmas sobre la grave crisis de inseguridad y gobernabilidad que atraviesa esa entidad y, en buena medida, el país entero.
Michoacán lleva años siendo un espejo del deterioro institucional que permite que ha permitido que el crimen se imponga sobre el Estado, y el caso de Manzo es una herida más en una larga cadena de muertes que se acumulan sin respuestas. No es el primero, ni parece, lamentablemente que será el último; en los los últimos años, varios alcaldes, exalcaldes y funcionarios municipales han sido asesinados en esa tierra marcada por la violencia. En Michoacán, ejercer el servicio público se ha convertido, literalmente, en un riesgo de muerte.
Carlos Manzo representaba una nueva generación de liderazgos locales, del llamado “Movimiento del Sombrero” que buscan rescatar la política desde la cercanía, la gestión, el trabajo diario; y sin embargo, su destino fue el mismo que el de muchos otros que han intentado hacer las cosas bien. El suyo es un nombre más que se suma al de productores de limón extorsionados y ejecutados; al del ambientalista que defendía el santuario de la mariposa monarca y fue asesinado por oponerse a intereses criminales; y tristemente a tantos otros que pagaron con la vida por no doblegarse ante el miedo.
La indignación ciudadana no se ha hecho esperar, las calles de Uruapan y otras ciudades michoacanas se han llenado de voces que exigen justicia, seguridad y dignidad. Hay dolor y mucho; pero también coraje e indignación. El asesinato de Manzo rebasó las fronteras de la política para convertirse en un símbolo de hartazgo social.
Su esposa, Grecia Quiroz; quien ha mostrado una entereza admirable en medio de la tragedia, será quien continúe el trabajo que él inició; ha sido nombrado por el Congreso Estatal como presidenta suplente; una muestra más de que, en los espacios donde la violencia busca imponerse, son las mujeres quienes, con fuerza y resiliencia, levantan la voz para no dejar que el miedo se vuelva costumbre.
Sin embargo, el escenario político no perdona. Desde la oposición se han levantado discursos que, en lugar de centrarse en la memoria y el legado de Manzo, han aprovechado el momento para golpear al gobierno estatal y federal por la evidente falla en las estrategias de seguridad; y aunque las críticas son necesarias y legítimas, también es cierto que convertir una tragedia en trinchera política solo abona a la descomposición social.
El fondo del problema no está en el color de los gobiernos, sino en la fragilidad de las instituciones, en la impunidad que en efecto se ha normalizado y en la falta de un sistema de protección real para los servidores públicos locales. En muchas regiones del país, ser alcalde, comisario o síndico equivale a firmar la propia sentencia de muerte. Y eso, en cualquier democracia, debería ser inaceptable.
Lo que ocurre en Michoacán no es un caso aislado; es un reflejo de lo que sucede en amplias zonas del territorio nacional donde el poder del Estado se ha diluido frente al crimen organizado. Donde la violencia es el idioma dominante y el miedo, el método de control.
La muerte de Carlos Manzo debería servir como punto de inflexión, no como bandera partidista; y sí como sociedad, deberíamos exigir que su nombre no se sume al archivo del olvido, sino que sea recordado como un símbolo de lo que no puede seguir pasando.
Porque sí, en México sigue siendo más peligroso gobernar que delinquir, entonces no solo estamos perdiendo la seguridad, sino también la esperanza.
