POR: LILY ORTIZ
La tentación del gobierno federal de controlar la verdad
Cada vez que un gobierno habla de regular lo que se dice, lo que se publica o la manera en que se informa, la sociedad tiene la obligación de encender las alertas.
La propuesta presentada el día de ayer por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, bajo el argumento de fortalecer los derechos de las audiencias merece una discusión profunda y sin ingenuidades. Porque una cosa es garantizar que los medios actúen con responsabilidad y otra muy distinta es abrir la puerta para que una autoridad termine convirtiéndose en árbitro de la verdad.
Y ahí es donde comienza la preocupación.
Quienes hemos dedicado años al periodismo sabemos que la veracidad, la investigación, la comprobación de datos, el contraste de fuentes y el derecho de réplica no son inventos de la actual administración ni mucho menos una concesión del gobierno en turno; son principios que han guiado durante décadas a los medios serios de radio, televisión y prensa escrita.
Por eso resulta inevitable preguntar: ¿qué necesidad existe de imponer nuevos mecanismos de supervisión sobre medios que ya operan bajo marcos legales, éticos y profesionales?
Porque si el objetivo fuera exclusivamente proteger a las audiencias, la discusión tendría que enfocarse en fortalecer la educación mediática, combatir la desinformación proveniente del anonimato digital y exigir transparencia a quienes difunden contenidos sin asumir ninguna responsabilidad pública.
Sin embargo, el debate parece ir por otro camino.
Cuando desde el poder se empieza a hablar de información falsa, contenidos descontextualizados o mecanismos de sanción, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién va a decidir qué es falso y qué es verdadero? ¿Quién determinará cuándo una información está suficientemente contextualizada? ¿Bajo qué criterio? ¿Con qué garantías?
Porque la experiencia demuestra que los gobiernos suelen ser muy tolerantes con las versiones que les favorecen y extremadamente sensibles con aquellas que los cuestionan.
Hoy el argumento es proteger a las audiencias. Y mañana podría ser proteger a las instituciones. Después proteger la estabilidad social. Y al final, casi sin darse cuenta, una democracia puede encontrarse con un aparato que vigila, califica y condiciona la información que recibe la ciudadanía.
Lo verdaderamente preocupante no es lo que dice el documento. Lo preocupante es lo que podría permitir.
Porque si algún día un medio tiene que pensarlo dos veces antes de publicar una investigación sobre corrupción, narcotráfico, desapariciones, feminicidios, homicidios, inseguridad o crisis económica por temor a ser acusado de difundir información “incorrecta”, entonces el daño ya estará hecho.
No haría falta cerrar periódicos; no haría falta sacar periodistas de los micrófonos; mucho menos haría falta censurar portadas, bastaría con sembrar suficiente incertidumbre para provocar autocensura. Y esta siempre ha sido la forma más eficaz de control.
Resulta paradójico que mientras los medios tradicionales enfrentan cuestionamientos permanentes, existan decenas de páginas anónimas, perfiles falsos y portales sin domicilio, sin responsables editoriales y sin la menor obligación profesional que difunden rumores, campañas negras y noticias fabricadas todos los días. Ahí sí existe un problema real que merece atención.
Pero no es lo mismo regular el anonimato irresponsable que colocar bajo vigilancia permanente a medios que llevan décadas construyendo credibilidad frente a sus audiencias.
Los concesionarios de radio y televisión tienen historia, tienen nombre, tienen dirección, tienen responsables, tienen periodistas que firman y responden por lo que publican. Han sobrevivido al escrutinio público, a los errores, a las rectificaciones y a la competencia informativa. Por eso cualquier intento de regulación debe construirse con ellos y no sobre ellos.
La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos, pero parece que este punto queda sin entender.
Cuando se limita la libertad de un medio, en realidad se limita el derecho de la sociedad a conocer distintas versiones de la realidad. Y ese es el fondo del debate; no se trata de defender empresas de comunicación.
Se trata de defender el derecho de los mexicanos a informarse sin que ninguna autoridad, por más buenas intenciones que diga tener, termine decidiendo qué se puede escuchar, qué se puede cuestionar y qué se puede creer.
A veces se olvida que los gobiernos pasan, pero las libertades que se entregan difícilmente regresan con la misma facilidad; y cuando el poder comienza a sentir la tentación de regular la verdad, todos tenemos obligación de defender tan preciado derecho.
