POR: LILY ORTIZ
Antidoping a funcionarios municipales no se aplicará aunque haya sido aprobado en Cabildo
Lo que inició como una propuesta en Cabildo de Durango, por parte del regidor morenista, Jorge Silverio Álvarez, para algunos fue poco usual y para otros una violación a los derechos humanos, pero, finalmente regidores y regidoras por mayoría aprobaron que funcionarios municipales se sometan a pruebas de antidoping.
Sin embargo, aunque este punto se haya probado por votaciones a favor de Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano; se tuvo abstención del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, pero; el Secretario del Ayuntamiento, Bonifacio Herrera no dio trámite al señalar que dicha acción es anticonstitucional y por ende no debe de aplicarse tal medida.
Y es que algunos regidores señalaron esta propuesta como electorera y sin fondo; pese a que algunos regidores manifestaron que ellos aceptarían someterse a dicha prueba, en la votación se abstuvieron, caso del regidor priista, Toño Morales, argumentó que esta a favor de la trasparencia y la rendición de cuentas, pero que no podía ir a favor de algo que a todas luces va en contra de la constitución.
Ahora bien, aunque esta prueba no sea aplicable el alcalde capitalino, Toño Ochoa dijo estar dispuesto a realizarla cuándo se lo requiera; y es que lo cierto es que no únicamente servidores públicos sino que todo trabajador debe de estar sano tanto físicamente como emocionalmente para desempeñar su trabajo de la mejor manera posible.
Y aunque esta medida no es obligatoria, la regidora petista Arlina Adame, apoyando la iniciativa de su homólogo, presentó los resultados de su anti doping, refiriendo que no solo se trata de cumplir, sino de generar confianza y la ciudadanía vuelva a confiar en sus políticos.
Así que lo anterior quedará probablemente en solamente una buena intención o lo que fue llamada una propuesta electorera, cuál sea el caso no se sabrá al menos no por obligación si los funcionarios están en sus cinco sentidos para desempeñar sus funciones laborales.
Si bien se argumentó que dicha prueba de dopaje es anticonstitucional, lo cierto es que muchos trabajadores son sometidas a ellas e incluso para acceder a un empleo en algunos lugares, este es un requisito indispensable; esta prueba es viable cuando existe un consentimiento informado; cuando se tiene una justificación laboral, y debe de estar especificado dentro de la reglamentación interna del área laboral; por tanto no se debe de obligar si estas no están especificadas en el reglamento; este punto pudiera ser de los que se valieron las autoridades municipales, caso concreto del secretario del Ayuntamiento para no dar trámite a la propuesta.
