La justicia en pausa: Abelina, la Corte y los 898 millones.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay cifras que pesan más que discursos. Ochocientos noventa y ocho millones de pesos —presuntamente desviados del municipio de Acapulco— no son un error contable ni una diferencia administrativa: son dinero público suficiente para reparar calles, hospitales, escuelas y sistemas de agua en una de las ciudades más golpeadas del país. Y, sin embargo, hoy ese monto está encapsulado en una burbuja jurídica creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que decidió mantener intacto el blindaje concedido a la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez.
La nueva integración del Alto Tribunal, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, votó por unanimidad algo que, en el fondo, equivale a decir: “todo se queda como estaba”. Es decir, siguen vigentes las suspensiones otorgadas por Yasmín Esquivel y Javier Laynez, que impiden tanto su eventual revocación de mandato como la continuación de la auditoría estatal sobre el destino de los recursos federales.
No se absolvió a la alcaldesa. No se resolvió el fondo del asunto. Simplemente se congeló la rendición de cuentas.
La Corte como escudo político.
Lo que avaló la SCJN no es un tecnicismo menor. Al declarar infundados los recursos del Congreso de Guerrero y de la Auditoría estatal, el Tribunal reafirmó una decisión que, en la práctica, sustrae a una autoridad municipal de los mecanismos ordinarios de control democrático y fiscalización.
En otras palabras: una alcaldesa acusada de manejar irregularmente casi 900 millones de pesos puede seguir gobernando, administrando recursos y tomando decisiones, mientras las instituciones locales que deberían investigarla tienen las manos atadas.
No es una exageración decir que esto altera el equilibrio entre poderes. La Corte no solo interpreta la Constitución; aquí se convirtió en un muro de contención frente a la supervisión política y financiera, sustituyendo a los órganos que, por diseño constitucional, deben vigilar el uso del dinero público.
El costo social del blindaje.
Para Acapulco, este fallo no es abstracto. Es concreto y doloroso.
Hablamos de una ciudad que todavía intenta levantarse de crisis de seguridad, colapsos de infraestructura, desastres naturales y abandono histórico. Cada peso público tiene un destino que debería ser rastreable, verificable y auditable.
Pero al congelar la investigación, el mensaje que reciben los ciudadanos es devastador: si eres políticamente relevante, el escrutinio puede esperar.
Esto erosiona la confianza no solo en el gobierno local, sino en el Estado mexicano como garante de la legalidad. Porque cuando la justicia se suspende, lo que florece es la sospecha: ¿qué se quiere evitar que se conozca? ¿por qué tanta prisa en proteger y tan poca en investigar?
La revocación de mandato… para los demás.
El caso Abelina también expone una paradoja incómoda para el obradorismo.
La revocación de mandato, vendida como la gran herramienta para que el pueblo quite a los malos gobernantes, se estrella aquí contra la realidad jurídica. Porque cuando una autoridad es blindada por la Corte, ese instrumento queda neutralizado.
Así, una de las reformas emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador parece convertirse en una especie de escenografía democrática: luce bien, se presume mucho, pero cuando realmente se necesita, no se puede usar.
O, como dirían en el viejo argot político, sirve para “taparle el ojo al macho”.
El precedente peligroso.
Lo que está en juego no es solo el futuro político de Abelina López, quien además fue una de las figuras que respaldó a Marcelo Ebrard en la interna presidencial de 2024. Lo que se juega es algo más profundo: el precedente de que la SCJN pueda suspender indefinidamente los mecanismos de rendición de cuentas bajo el argumento de una controversia constitucional.
Si hoy se aplica para un presunto desvío de 898 millones, mañana podría usarse para cualquier otro funcionario. Y entonces la justicia ya no sería ciega, sino estratégicamente miope.
Una Corte que decide no decidir.
Formalmente, la Corte dirá que aún falta analizar el fondo del asunto. Pero políticamente, ya tomó partido por la inercia: nada se mueve, nadie investiga, nadie rinde cuentas.
En un país donde la corrupción ha sido uno de los grandes males históricos, la suspensión de la verdad es una forma sofisticada de impunidad.
Y Acapulco, una vez más, queda esperando que alguien —algún día— decida mirar de frente esos 898 millones que hoy duermen, bien resguardados, en un expediente judicial.
