Gasolina “voluntaria”, presión obligatoria.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En México, pocas cosas se mueven más rápido que el precio de los combustibles… salvo cuando el gobierno decide que ya no deben moverse tanto. Bastó la advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —quien anunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) visitaría estaciones para revisar márgenes de ganancia— para que, casi de inmediato, el precio del diésel comenzara a ajustarse a la baja. Un mercado que durante años defendió su lógica de libre competencia reaccionó en cuestión de días a un mensaje político claro: “bajen, o los revisamos”.
El fenómeno no es menor. Según datos de la Comisión Nacional de Energía y la consultora PetroIntelligence, actualmente el 61% de las estaciones vende el litro por debajo de los 28 pesos, el “tope” acordado entre gobierno y gasolineros. Pero aquí aparece la primera ironía: una semana antes, el cumplimiento era mayor, del 71%. Es decir, tras la advertencia presidencial, más estaciones dejaron de cumplir el acuerdo “voluntario”. La presión funcionó… pero no exactamente como se esperaba.
Este dato revela una tensión estructural: fijar precios en un mercado altamente sensible a variables internacionales —como la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero— es como intentar regular el clima con decretos. El gobierno ha hecho lo propio: reducción del IEPS vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, descuentos de Petróleos Mexicanos a distribuidores, y un acuerdo político con el gremio gasolinero. Sin embargo, la suma de estímulos fiscales, subsidios indirectos y presión regulatoria no logra ocultar un hecho incómodo: el margen de maniobra se está agotando.
Aquí es donde entra el riesgo real, el que no aparece en los discursos oficiales pero sí en los diagnósticos técnicos. Analistas como Gonzalo Monroy advierten que, cuando los márgenes se comprimen artificialmente, el mercado no desaparece… se adapta. Y en México, esa adaptación tiene antecedentes bien documentados: adulteración de combustibles, retorno de los “litros incompletos” (850 o 900 mililitros) y, en el peor de los casos, la reintegración del huachicol a las cadenas de suministro.
No se trata de especulación alarmista. Durante los años más críticos del robo de combustible —el llamado huachicol— México llegó a registrar pérdidas superiores a los 60 mil millones de pesos anuales, según cifras oficiales de Pemex y la Auditoría Superior de la Federación. Pensar que ese ecosistema desapareció por completo sería, cuando menos, optimista. Más bien, permanece latente, listo para reaparecer cuando las condiciones de mercado lo incentivan.
Por su parte, Alejandro Montufar, de PetroIntelligence, matiza el diagnóstico: no todo ajuste implica ilegalidad. También pueden observarse recortes en calidad del servicio, reducción de personal o cambios en esquemas laborales. En otras palabras, si no pueden subir precios, bajarán costos. Y en esa ecuación, el consumidor rara vez sale ganando.
El fondo del asunto es político. El gobierno busca contener la inflación energética —clave en la percepción económica de la población— sin recurrir a un control de precios formal que contradiga el discurso de mercado. El resultado es un híbrido: acuerdos “voluntarios” con incentivos fiscales y amenazas regulatorias. Una especie de libre mercado con supervisión intensiva, donde la mano invisible opera… pero bajo la mirada muy visible del SAT.
El problema es que este tipo de esquemas suelen tener efectos secundarios. A corto plazo, pueden generar estabilidad en precios y narrativa política favorable. A mediano plazo, distorsionan incentivos, reducen competencia real y abren la puerta a prácticas opacas. Y a largo plazo, terminan siendo fiscalmente costosos: cada peso que se deja de recaudar por IEPS es un peso menos para infraestructura, salud o educación.
En términos estrictamente políticos, la jugada de Claudia Sheinbaum Pardo es comprensible. En un contexto global volátil, con conflictos internacionales impactando directamente los energéticos, mantener los precios bajo control es una prioridad estratégica. Pero también es un equilibrio delicado: presionar demasiado al mercado puede provocar justo aquello que se busca evitar —informalidad, deterioro del servicio y pérdida de confianza.
Al final, el episodio deja una lección clara: en México, el precio de la gasolina no solo se define en los mercados internacionales ni en las refinerías, sino también en el terreno político. Y ahí, como suele suceder, las decisiones rápidas pueden generar efectos igual de rápidos… pero no necesariamente sostenibles.
Porque si algo ha demostrado este ajuste exprés del diésel, es que bajar precios por presión es relativamente sencillo. Lo complicado —como siempre— es evitar que el costo oculto termine pagándolo el consumidor.
