La Corte de las exclusiones: cuando la víscera le gana a la razón.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La imparcialidad judicial es una de esas virtudes que rara vez ocupan titulares. Como el árbitro ideal en un partido de fútbol, su mejor actuación es aquella en la que nadie nota que estuvo ahí. Sin embargo, cuando los jueces comienzan a ser excluidos de los asuntos que deben resolver por conflictos de interés, afinidades ideológicas o posturas previamente expresadas, el problema deja de ser jurídico y se convierte en político.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país parece haberse convertido en una especie de “Corte de las exclusiones”, donde cada vez resulta más frecuente discutir quién no puede votar que resolver el fondo de los asuntos.
El caso más emblemático es el de la ministra Lenia Batres. La Primera Sala determinó impedirle participar en diversos asuntos relacionados con Ricardo Salinas Pliego y Grupo Elektra al considerar que sus expresiones públicas comprometían la apariencia de imparcialidad exigida a cualquier juzgador.
La controversia alcanzó niveles inéditos cuando, tras ser declarada impedida en uno de estos asuntos, abandonó una sesión de la Segunda Sala, provocando la falta de quórum y la postergación de más de treinta casos que debían resolverse ese día.
Más allá de quién tenga razón en el litigio contra Salinas Pliego, el episodio dejó una pregunta incómoda: ¿cómo llegó a la Suprema Corte una ministra cuya participación en determinados asuntos genera dudas suficientes para obligar a sus propios colegas a excluirla?
La respuesta conduce inevitablemente al debate sobre los perfiles que han llegado al máximo tribunal. Durante décadas, los ministros provenían principalmente de una carrera judicial o académica. Hoy, varios de ellos son identificados públicamente por sus vínculos políticos, sus cercanías partidistas o sus afinidades ideológicas.
Ahí aparece otro caso relevante: el de María Estela Ríos. Antes de llegar a la Corte fue consejera jurídica de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y nunca ocultó su cercanía política con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Esa trayectoria ha provocado cuestionamientos sobre su participación en asuntos políticamente sensibles. De hecho, estuvo en medio de debates relacionados con posibles impedimentos en temas de alta relevancia constitucional y actualmente enfrenta una nueva solicitud de exclusión promovida por la ministra Loretta Ortiz en un asunto relacionado con empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego.
Lo preocupante no es que un ministro tenga ideas políticas. Todos las tienen. Lo preocupante es que esas afinidades sean tan evidentes que terminen convirtiéndose en un argumento jurídico para apartarlo de una votación.
Porque entonces la discusión deja de ser sobre la Constitución y se transforma en una disputa sobre lealtades.
El costo jurídico es evidente. Cada impedimento retrasa procedimientos, genera incertidumbre y erosiona la confianza en la neutralidad de las resoluciones. Pero el costo político es todavía mayor. Una Corte cuyos integrantes son percibidos como representantes de causas, movimientos o gobiernos corre el riesgo de perder el activo más valioso que posee: su credibilidad.
Paradójicamente, muchos de los perfiles impulsados bajo el discurso de acercar la justicia al pueblo están enfrentando el problema contrario. En lugar de fortalecer la legitimidad del tribunal, han alimentado la percepción de que algunas resoluciones pueden estar condicionadas por afinidades políticas previas.
La justicia constitucional no exige ministros sin ideología; exige ministros capaces de ponerla a un lado cuando se colocan la toga. El problema comienza cuando la toga deja de ser un símbolo de independencia y se convierte en una extensión de una militancia política.
Quizá la verdadera ironía de esta historia es que una transformación que prometía acabar con los privilegios de las élites judiciales terminó construyendo una Corte donde cada vez es más común preguntar quién debe excusarse, quién debe ser impedido y quién puede votar sin sospechas.
Y cuando el máximo tribunal de una nación se vuelve noticia por sus exclusiones, en lugar de por sus sentencias, el problema ya no es de los ministros. Es de la justicia misma.
