El costo de nuestra democracia es más que económico
Por: Iraí de la Fuente Rojas
¿Cuántos partidos políticos necesita México y cuánto estamos dispuestos a pagar por ellos?
Esta interrogante, además de incómoda, resulta pertinente en un contexto donde el sostenimiento de nuestro sistema democrático representa una considerable carga para las finanzas públicas.
En un país marcado por profundas necesidades sociales, llama particularmente la atención la cantidad de recursos destinados a organizaciones políticas cuya permanencia no siempre encuentra correspondencia en su capacidad de representación ciudadana. Bajo esta perspectiva, conviene distinguir entre el legítimo financiamiento de la pluralidad democrática y la preservación de estructuras partidistas que, en determinados casos, parecen encontrar mayores incentivos para subsistir en las prerrogativas del Estado que en la voluntad expresada por los electores.
En el imaginario político nacional, la referencia a los partidos suele remitirnos al PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo, organizaciones que concentran buena parte del protagonismo electoral y de la discusión pública. No obstante, nuestro sistema también reconoce la posibilidad de constituir nuevas fuerzas políticas, bajo la premisa de ampliar los espacios de participación y enriquecer la diversidad ideológica.
Esta apertura, indispensable para cualquier régimen democrático, no está exenta de contradicciones, particularmente cuando algunas de estas organizaciones carecen de una identidad programática propia y terminan desempeñándose como extensiones, aliados recurrentes o instrumentos de negociación de las fuerzas tradicionales.
Las cifras permiten dimensionar esta realidad pues, durante la última década se contabilizaron 184 partidos políticos en el ámbito estatal, cuya permanencia promedio fue de apenas 2.8 años. A ello se suma un dato especialmente revelador: de los 5 mil 388 millones de pesos destinados al financiamiento de partidos políticos estatales durante el periodo analizado, el 57 % se concentró en organizaciones que anteriormente tuvieron registro nacional. Es decir, aproximadamente 3 mil 71 millones de pesos fueron canalizados a fuerzas políticas que, pese a haber perdido su condición nacional, encontraron en las entidades federativas una alternativa para mantener su participación electoral.
Esto nos lleva a una reflexión donde el costo de nuestra democracia trasciende la dimensión presupuestal. Es decir, existe también un costo político e institucional que merece especial atención, relacionado con la fragmentación de la representación, la proliferación de organizaciones sin una identidad ideológica claramente diferenciada y la conformación de alianzas sustentadas más en la conveniencia electoral que en coincidencias programáticas. Estas circunstancias pueden incidir en la confianza ciudadana y alimentar la percepción de que la política constituye un espacio de negociación entre organizaciones antes que un instrumento de representación social.
La discusión, por tanto, no debería orientarse exclusivamente a reducir el número de partidos ni a restringir indiscriminadamente sus recursos, pues semejante determinación podría terminar favoreciendo la concentración del poder y debilitando la competencia electoral. Lo verdaderamente relevante consiste en evaluar si los mecanismos actuales de financiamiento y permanencia contribuyen a fortalecer la pluralidad o si, por el contrario, propician la subsistencia de organizaciones cuya aportación democrática resulta difícil de identificar.
En definitiva, la verdadera interrogante consiste en determinar si los recursos destinados a sostenerlos corresponden con su aportación a la vida pública o si estamos financiando una pluralidad que, en determinados casos, resulta más aparente que efectiva.
