La transformación… sin patrimonio.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay una vieja máxima en política: la confianza no se exige, se construye. Y pocas cosas ayudan tanto a construirla como la transparencia. O, al menos, eso era lo que prometía la llamada Cuarta Transformación cuando llegó al poder asegurando que sería distinta a “los de antes”.
Sin embargo, los datos publicados por El Universal vuelven a colocar un incómodo reflector sobre esa promesa. De 111 funcionarios y exfuncionarios que buscan convertirse en candidatos de Morena para las gubernaturas de 2027 y cuya información pudo verificarse, 38 carecen de un patrimonio verificable. Es decir, uno de cada tres.
El dato, por sí mismo, no prueba corrupción. Sería irresponsable afirmarlo. Pero sí revela algo igual de preocupante: una preocupante opacidad en quienes aspiran a gobernar estados completos.
Veinticuatro declararon no poseer bienes; diez simplemente no tienen declaraciones patrimoniales disponibles, y cuatro decidieron que el público no debía conocerlas. Paradójicamente, muchos de ellos buscan representar un movimiento que hizo de la transparencia una bandera política y del combate a la corrupción su principal discurso electoral.
La contradicción no termina ahí.
Entre los aspirantes aparecen personajes que han enfrentado investigaciones, denuncias o severos cuestionamientos públicos por presuntas irregularidades administrativas, manejo de recursos públicos, campañas anticipadas o posibles conflictos patrimoniales. Conviene subrayarlo: investigaciones y señalamientos no equivalen a culpabilidad, pero sí deberían obligar a un escrutinio mucho más riguroso para quien pretende administrar miles de millones de pesos del presupuesto estatal.
El caso de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero; los cuestionamientos sobre el manejo de recursos durante la administración de Abelina López en Acapulco; las investigaciones periodísticas sobre José María Tapia; las controversias que rodean a Gerardo Vargas, Andrea Chávez o Pablo Amílcar Sandoval, forman parte de un listado que, cuando menos, obliga a preguntarse si los famosos “filtros éticos” de Morena serán realmente un mecanismo de depuración o simplemente una etapa administrativa antes de que “las encuestas” decidan quién resulta políticamente más rentable.
Porque ese parece ser el verdadero criterio.
La Comisión Nacional de Elecciones asegura que revisará nepotismo, corrupción, violencia política y otros antecedentes. El problema es que la credibilidad de cualquier filtro depende de la voluntad para aplicarlo incluso cuando afecta a los perfiles más competitivos. De lo contrario, la ética termina subordinándose a la estadística electoral.
Resulta todavía más llamativo que esta discusión ocurra justo cuando desapareció el INAI, la institución que durante años presionó para hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. La excomisionada Julieta del Río recordó algo que debería parecer obvio: la ley obliga a transparentarlas, protegiendo únicamente los datos personales sensibles. La transparencia no es opcional; es una obligación legal y un requisito democrático.
Sin embargo, pareciera que en algunos sectores de la política mexicana las declaraciones patrimoniales funcionan como los contratos de adhesión: se aceptan… siempre y cuando nadie las lea.
Y por si hiciera falta un ejemplo de la elasticidad con la que algunos entienden la rendición de cuentas, ahí está la reciente pifia del expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Después de que saliera a la luz que en su declaración patrimonial había desaparecido una casa valuada en alrededor de 12 millones de pesos, la explicación terminó siendo todavía más desconcertante: el inmueble dejó de aparecer como propiedad para convertirse, según la actualización presentada, en un “préstamo personal”. Una especie de alquimia patrimonial donde los bienes no se venden, no se donan ni se heredan: simplemente cambian de categoría.
Quizá el problema de fondo no sea cuántos bienes poseen quienes aspiran a gobernar. México necesita servidores públicos prósperos si esa prosperidad tiene un origen legal y plenamente explicable.
El verdadero problema comienza cuando el patrimonio desaparece de las declaraciones, cuando la información pública deja de ser pública o cuando la transparencia depende de la conveniencia política del momento.
Porque una democracia sana no se sostiene únicamente con discursos sobre la honestidad.También necesita declaraciones patrimoniales completas, verificables… y un poco menos de magia contable.
