Por Juvenal Rosales Flores
¿Quién está detrás de la trifulca en la delegación de Bienestar?
La toma de las oficinas de la delegación de la Secretaría del Bienestar en Durango ha escalado de ser una protesta laboral a convertirse en un conflicto político con tintes de vendetta interna. Ayer, la tensión subió de nivel cuando ciudadanos que acudieron a exigir la reapertura del lugar terminaron siendo agredidos por supuestos simpatizantes del movimiento, en un episodio que deja muchas dudas sobre quién está operando detrás del conflicto.
Los hechos se tornaron preocupantes cuando, entre empujones y gritos, adultos mayores y estudiantes fueron agredidos por personas que, según los testigos, no eran empleados sino enviados para confrontar a los ciudadanos inconformes. Incluso se reportó que una mujer mayor requirió atención médica por la impresión del altercado. Más allá del bochornoso episodio, la pregunta flota en el aire. ¿A quién conviene que esto se mantenga en el caos?
Jesús Mancinas, uno de los líderes visibles de la protesta interna, no dudó en señalar directamente a Jonathan Jardines, delegado estatal del Bienestar, como responsable de enviar personas a intimidar y violentar a los manifestantes; con navajas, armas de gotcha y amenazas, situación que ya investiga la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Pero el otro frente, Brenda María Nava Serrano, identificada como militante de Morena federal, asumió públicamente la convocatoria de quienes acudieron a exigir la reapertura de la delegación; aseguró que no hubo violencia orquestada y que simplemente llamó a compañeros de las campañas de AMLO y Claudia Sheinbaum para apoyar a los usuarios afectados. Se deslindó por completo del grupo del doctor José Ramón Enríquez, ex candidato a la alcaldía. No tenía caso que lo mencionará.
Este deslinde no es menor. Muestra que el conflicto ha sido capitalizado por diversas tribus de Morena, que hoy se disputan no sólo el control de una oficina, sino el símbolo de poder que representa el manejo de los programas sociales en Durango. Ya la había comentado anteriormente, Bienestar no sólo reparte apoyos, reparte estructura, influencia, lealtades y poder.
Quienes tienen tomadas las oficinas han dejado clara la disposición de entregar las instalaciones, siempre y cuando Jonathan Jardines de la cara. La falta de diálogo directo entre la base trabajadora y el delegado ha prolongado el conflicto innecesariamente. Mientras tanto, los beneficiarios son los más afectados.
Lo más grave es que este ambiente de confrontación ya atrajo la atención de instancias de seguridad y derechos humanos; sin duda la intervención de la Dirección Municipal de Seguridad Pública evitó una tragedia mayor, pero deja claro que el conflicto ha llegado a un punto de quiebre que exige solución política de fondo, no sólo medidas administrativas.
La pregunta de fondo sigue siendo: ¿quién se beneficia del caos? ¿Es un intento por desgastar al delegado para forzar su salida? ¿O es una estrategia para reconfigurar el control territorial de Morena en la antesala de quienes pudieran estar valorando sus aspiraciones a la gubernatura? Ninguna hipótesis es descabellada en este momento.
Mientras tanto, la ciudadanía paga el precio de una guerra intestina. Estudiantes sin becas, adultos mayores sin credenciales, familias sin atención. La delegación de Bienestar está secuestrada por intereses que poco tienen que ver con la justicia social.
Si la 4T quiere mantener su narrativa de cercanía con el pueblo, debe resolver este problema con prontitud y transparencia. De lo contrario, este caso podría convertirse en un símbolo de lo que no debe ser el poder cuando se olvida de su razón de ser; servir a los demás.
