INE castiga a partidos en Durango por irregularidades en elección de alcaldes
Por: Juvenal Rosales Flores
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por un total de 11.3 millones de pesos a los partidos políticos en Durango, tras detectar diversas irregularidades durante el proceso electoral en los 39 municipios del estado. Aunque se trata de una medida que fortalece la rendición de cuentas, también abre el debate sobre la eficacia de los mecanismos de fiscalización y el verdadero alcance de estas sanciones.
Durante una sesión ordinaria, el INE analizó más de mil 300 informes de ingresos y gastos provenientes de las entidades federativas de Veracruz y Durango, de los cuales 200 correspondieron a nuestra entidad. El análisis reveló omisiones y errores que, aunque frecuentes, reflejan un patrón preocupante de prácticas poco transparentes en el manejo del financiamiento electoral.
En el caso específico de Durango, los partidos políticos reportaron ingresos por 106 millones 883 mil 411 pesos con 36 centavos, mientras que los egresos sumaron 103 millones 498 mil 526 pesos con 65 centavos. Esto sugiere que, al menos en papel, hubo un gasto contenido respecto a los ingresos disponibles. Sin embargo, las sanciones impuestas evidencian que no todo fue manejado conforme a la ley ni con la debida transparencia.
Respecto a la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Durango”, integrada por Morena, PT y PVEM, aunque se desestimaron denuncias en municipios como Durango capital, Vicente Guerrero, Canatlán, Nazas y Tlahualilo, sí se aplicó una sanción por irregularidades detectadas en la campaña municipal de Santiago Papasquiaro. A pesar de quedar libres de responsabilidad en varias zonas, la sanción demuestra que la coalición no tuvo una actuación completamente limpia.
Por su parte, la coalición “Unidad y Grandeza”, conformada por PAN y PRI, tampoco salió ilesa. Aunque la mayoría de las quejas se consideraron infundadas, se aplicó una multa por anomalías detectadas en la campaña del candidato en Pánuco de Coronado, monto que será descontado de su financiamiento público.
Otro actor sancionado fue el Partido Villista, debido a irregularidades en la candidatura municipal de Nombre de Dios. Aunque se trata de una fuerza política local menor, su inclusión en el listado de partidos sancionados demuestra que la supervisión del INE se aplicó de manera pareja, sin distinciones por tamaño o nivel de representación.
Entre las principales faltas detectadas por la autoridad electoral, en la mayoría de los partidos (incluido Movimiento Ciudadano), destacan la entrega extemporánea de avisos de apertura de cuentas bancarias, omisión de reportes de gastos de campaña, diferencias en los egresos, aceptación de aportaciones prohibidas, y falta de informes sobre propaganda. Estas prácticas, lejos de ser simples errores administrativos, comprometen la equidad de la contienda.
Uno de los aspectos más llamativos en el caso de Durango fue la contratación de un Call Center para verificar la asistencia de representantes a casillas. Por esta acción se iniciará un procedimiento oficioso contra el partido político correspondiente, aunque el INE no precisó cuál fue.
En total, el INE revisó ingresos por 224.9 millones de pesos y gastos por 225.1 millones, correspondientes a los informes presentados tanto en Durango como en Veracruz. Estas cifras reflejan la magnitud del financiamiento involucrado en los procesos electorales y la importancia de que cada peso sea debidamente justificado ante la autoridad.
Sin embargo, una pregunta es inevitable. ¿Son suficientes 11.3 millones de pesos en multas para corregir malas prácticas o simplemente se convierten en un costo más de campaña?
A nivel nacional, las sanciones alcanzaron casi los 33 millones de pesos, de los cuales 21.4 millones correspondieron a irregularidades detectadas en Veracruz. Este panorama debería motivar una discusión más profunda sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y endurecer las consecuencias para quienes infringen la normativa electoral.
Además, surge otra interrogante válida. ¿A dónde van a parar estos recursos? Si bien actualmente regresan al erario y, en algunos casos, se destinan al propio INE, no sería descabellado que una parte significativa se orientara a programas sociales o al fortalecimiento de la participación ciudadana, especialmente en estados como Durango, donde la desconfianza hacia los partidos sigue latente.
Sin duda, el mensaje del INE es claro; la fiscalización no debe verse como un trámite, sino como un pilar fundamental de la democracia. Pero para que sea verdaderamente efectiva, las sanciones deben ser oportunas y lo suficientemente ejemplares para que el costo político y económico de violar la ley electoral sea un verdadero disuasivo. De lo contrario, los partidos seguirán viendo estas multas como parte del presupuesto de campaña.
