¡Zafarrancho en el Senado; justicia a modo!
Juvenal Rosales Flores
El zafarrancho protagonizado en el Senado por “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña el pasado miércoles no solo exhibió la falta de civilidad política de ambos legisladores, sino que además abrió un debate mucho más profundo. ¿Hasta qué punto la justicia en México se aplica de manera diferenciada cuando se trata de políticos con poder?
La escena fue caótica; insultos, empujones y acusaciones cruzadas que, lejos de ser un intercambio parlamentario robusto, terminaron convirtiendo la tribuna en un ring. Y como si no bastara con la violencia física y verbal, el espectáculo se trasladó al terreno judicial. El senador de Morena anunció denuncias penales por lesiones, amenazas de muerte; por su parte el líder nacional del PRI, buscó capitalizar políticamente la victimización.
Lo que llamó más la atención no fue el pleito en sí mismo —al fin y al cabo, el Senado ha sido escenario de innumerables confrontaciones—, sino la reacción posterior de las autoridades judiciales. En lugar de que los legisladores acudieran a la Fiscalía a rendir su declaración como cualquier ciudadano, fue el Ministerio Público quien se trasladó hasta las oficinas del Congreso de la Unión para atenderlos. Un detalle que no pasó desapercibido.
Las imágenes de funcionarios ministeriales caminando en los pasillos legislativos circularon en redes sociales y reforzaron la percepción de un privilegio inaceptable. Si un ciudadano común se ve involucrado en un pleito en la vía pública, debe presentarse personalmente a declarar. Pero cuando se trata de senadores, la justicia parece tener ventanilla VIP.
No es casual que activistas, periodistas y abogados hayan denunciado el doble rasero; en un país donde miles de víctimas esperan durante años una audiencia o una resolución, resulta insultante ver cómo la Fiscalía despliega personal de inmediato para atender a políticos que, además, se golpearon en un recinto oficial.
Muchos ciudadanos se hacen una pregunta. ¿ Debe haber sanciones? Porque más allá de simpatías partidistas, lo que ocurrió en el Senado es un insulto a la investidura legislativa y un pésimo ejemplo para la sociedad. No puede normalizarse que la máxima tribuna del país se degrade al nivel de una riña callejera.
Lo paradójico es que mientras Noroña hablaba de “agresión premeditada” por parte del PRI, Morena ya movía fichas en el tablero político. Apenas un día después del enfrentamiento, se anunció que Laura Itzel Castillo ocuparía el lugar de Noroña en la Mesa Directiva. El movimiento no puede leerse sin la sombra de lo ocurrido; un costo político disfrazado de reajuste parlamentario natural.
El PRI, por su parte, intenta sacar ventaja presentándose como víctima del “radicalismo” de la 4T. Alejandro Moreno, curtido en escándalos y sobreviviente de múltiples acusaciones, busca ahora proyectarse como defensor del orden legislativo. Pero la memoria ciudadana es corta; el espectáculo mediático terminará beneficiando a ambos bandos, pues en política, hasta los pleitos se capitalizan.
Mientras tanto, la ciudadanía queda atrapada entre la indignación y la resignación. Indignación porque el Senado, que debería ser espacio de debate, ideas y acuerdos, se convierte en escenario de pugilato, y resignación porque, una vez más, la justicia demuestra que no mide con la misma vara a los poderosos que al resto de la población.
Así será la justicia con el nuevo Poder Judicial en México con los jueces y magistrados electos en el pasado proceso electoral; sensible a los poderosos, inmediata para quienes ostentan un cargo y distante para quienes esperan justicia desde el anonimato. Si los primeros actos reflejan privilegio y desigualdad, lo que se avecina no será un fortalecimiento de las instituciones, sino la confirmación de que la política seguirá dictando los tiempos y alcances de la justicia en el país.
En conclusión, lo sucedido entre Noroña y “Alito” es un síntoma de la degradación política que atraviesa el país. Un síntoma que se alimenta de la impunidad, del doble rasero judicial y de la banalización de la vida pública. Y mientras no existan sanciones ejemplares, el Senado seguirá siendo visto no como el espacio del diálogo democrático, sino como el coliseo donde los gladiadores partidistas buscan espectáculo a costa de la dignidad institucional.
