Para la CNC, Morena promueve el “coyotaje de frijol”.
Por: Juvenal Rosales Flores
La visita de la diputada federal y dirigente nacional de la CNC, Lety Barrera, a Durango no fue protocolaria; fue más bien, una descarga política directa al corazón de la política agroalimentaria federal. Acusó sin rodeos que Morena promueve el “coyotaje” del frijol, una palabra que en el campo pesa más que cualquier discurso técnico y que significa abuso, desesperación y pérdida.
El reclamo no es menor. El gobierno federal anunció un precio de garantía de 27 pesos por kilo; sin embargo, en la práctica los productores dicen que ese precio no llega. Y en el campo, la promesa que no se paga se convierte en traición. Porque la cosecha no espera, los créditos tampoco y la tierra no se sostiene con conferencias mañaneras.
Además, denunció corrupción e ineficiencia en el proceso de acopio operado por Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex, un nombre que por sí mismo ya carga un historial complicado en la opinión pública. El problema no es sólo administrativo: es la diferencia entre salvar o quebrar una temporada agrícola.
El programa de Precios de Garantía que en teoría daría certidumbre, hoy genera exactamente lo contrario. Filas interminables, recepción a cuentagotas y productores regresando a sus comunidades con el remolque lleno… pero sin dinero. El campo no vive de promesas futuras, vive del pago inmediato.
Los testimonios coinciden; no están atendiendo a todos. Y cuando el gobierno federal compra sólo al 10 o 20 por ciento, deja al resto a merced del mercado informal. Es ahí donde aparece el viejo conocido del campesino: el intermediario, el “coyote”, el que paga menos de lo que cuesta producir.
Paradójicamente, la federación que prometió eliminar intermediarios parece estar recreando las condiciones perfectas para que regresen. No por decreto, sino por omisión. Porque cuando la ventanilla pública no funciona, el mercado negro se organiza solo.
La polémica subió de tono con la subasta de 89 mil toneladas de frijol a un precio base cercano a los 8 pesos por kilo. Si el propio gobierno vende barato, envía una señal devastadora: el mercado se ajusta hacia abajo. Es economía básica… pero con consecuencias sociales profundas.
El resultado es perverso, el precio oficial sube en el discurso y baja en la realidad. Y entonces el productor queda atrapado entre dos mundos: el de la política pública que promete y el del mercado que castiga.
Desde la CNC estatal, Toño Morales endureció el lenguaje y señaló que la estrategia federal afecta gravemente a los agricultores y que rematar inventarios en plena comercialización deja sin competitividad al productor local. En otras palabras, se percibe que el gobierno compite contra los propios campesino.
Meses atrás, el dirigente campesino estatal advertía que un rango de 18 a 20 pesos permitiría comprar toda la producción estatal, ósea más de 160 mil toneladas. No era una cifra caprichosa, era un punto de equilibrio. Hoy, con suerte, se habla de acopiar apenas 40 mil toneladas.
El discurso político subió de temperatura acusaciones de robo, de ineptitud y la frase lapidaria de que Morena es “la peor plaga del campo”. Más allá de la estridencia, refleja algo más profundo; la ruptura total de confianza entre productores y gobierno.
El problema de fondo no es sólo el precio del frijol, es la certidumbre. El campesino siembra meses antes de saber si podrá vender. Si la política pública cambia en mitad de la cosecha, lo que se rompe no es una cadena comercial, es la planeación de vida de miles de familias.
Lo que se vendió como rescate del campo terminó convertido en incertidumbre. Y en política rural hay una regla sencilla: el campesino aguanta sequías, heladas y plagas… pero no aguanta la improvisación del gobierno de la “4T”. Cuando eso ocurre, la crisis deja de ser agrícola y se vuelve política.
