Entre el derecho a manifestarse en el 8M y los daños provocados
Juvenal Rosales Flores
Acontecer Político
La marcha del 8 de marzo en Durango, que debía ser un espacio de exigencia legítima de derechos y justicia para las mujeres, terminó con actos de violencia que dañaron bienes públicos y privados. Lo ocurrido no puede minimizarse ni justificarse, pues no solo se afectaron edificios históricos y gubernamentales, sino que también se puso en riesgo la vida tanto de las manifestantes como de quienes resguardaban el orden en la ciudad.
Uno de los puntos más afectados fue el Congreso del Estado, donde no solo hubo pintas y daños estructurales, sino que incluso se registró un incendio. Al intentar controlar la situación y sacar a las feministas que iniciaron el fuego, una mujer de la Policía Estatal resultó con quemaduras y un integrante de Protección Civil sufrió asfixia por la inhalación de humo. Estos actos van más allá de una protesta simbólica y caen en el terreno del delito.
También la fachada del Tribunal Superior de Justicia fue blanco de agresiones; vidrios rotos y pintas realizadas por jóvenes manifestantes. La institución, que representa el acceso a la justicia, se convirtió en objetivo de un grupo radical que aprovechó la protesta para causar destrozos.
Las reparaciones de estos daños no saldrán de los bolsillos de quienes los causaron, sino del erario público, es decir, de los impuestos de todos los ciudadanos. Se trata de un daño patrimonial que afecta a toda la sociedad, sin distinción de género. La lucha feminista busca mejores condiciones para las mujeres, pero el vandalismo solo genera rechazo y divide opiniones. ¿Se deben sancionar estos actos? ¿Usted qué opina?
Es preocupante que entre las afectadas también haya mujeres. Periodistas fueron hostigadas y amenazadas por algunas manifestantes para que no documentaran los hechos. ¿Cómo se puede exigir justicia cuando, al mismo tiempo, se vulneran los derechos de otras mujeres?
No se trata de criminalizar la protesta, porque el derecho a manifestarse está garantizado en un estado democrático, pero la impunidad no puede ser la norma. ¿La tienda Coppel interpondrá una denuncia por los daños provocados? Si no se sanciona a los responsables, se corre el riesgo de que en futuras marchas la violencia se normalice aún más. La protesta pierde legitimidad cuando se convierte en sinónimo de destrucción.
Las verdaderas activistas, aquellas que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres, deberían deslindarse de estos actos vandálicos. La lucha feminista es seria y tiene objetivos claros, pero se ve opacada por quienes usan el movimiento como excusa para causar caos.
Una pregunta que surge tras los actos vandálicos es si hay grupos o intereses detrás de las manifestantes que cometen estos daños. ¿Quién financia los materiales para las pintas? ¿Quién incita a la violencia? ¿A quién le conviene que el movimiento feminista pierda credibilidad ante la sociedad?
Si bien la lucha por los derechos de las mujeres es legítima y necesaria, el hecho de que siempre se presenten estos hechos de violencia y vandalismo en cada marcha del 8M abre la puerta a la sospecha de que hay actores externos interesados en radicalizar las manifestaciones.
El 8M debe ser un día de reflexión, exigencia y unión, no de confrontación y destrucción. Si realmente se busca un cambio en la sociedad, este debe lograrse con diálogo y respeto, no con violencia que solo deja más problemas que soluciones.
