Elección del Poder Judicial; entre la indiferencia y la incertidumbre.
Juvenal Rosales Flores
Durango se enfrenta a un proceso sin precedentes en la historia democrática del país; la elección directa de jueces y magistrados. Sin embargo, lejos de representar un ejercicio ejemplar de participación ciudadana, todo apunta a que se convertirá en un fracaso anunciado. La apatía de los duranguenses es evidente, y los datos no hacen más que confirmarlo.
A nivel nacional, esta elección busca renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Salas Regionales y el Tribunal de Disciplina Judicial. En el ámbito estatal, Durango elegirá 21 magistrados y 28 jueces, una transformación profunda en la estructura del Poder Judicial. Pero esa magnitud institucional contrasta con el desinterés generalizado de la ciudadanía.
La Cámara Nacional de Comercio, delegación Durango (Canaco), levantó una encuesta entre trabajadores del sector empresarial. El resultado fue contundente; apenas el 7% de los consultados está dispuesto a votar por jueces y magistrados. La cifra, si bien alarmante, no sorprende, refleja una desconexión total entre la sociedad y un proceso que debería ser histórico.
El mismo estudio arroja otro dato preocupante; solo el 38% de los encuestados tiene intención de participar en la elección municipal para renovar los 39 ayuntamientos. Y si en un proceso tan cercano como el de las alcaldías la participación es baja, en el judicial predomina el desconocimiento absoluto. La mayoría ni siquiera sabe quiénes son los aspirantes ni por qué deberían ser votados.
La propuesta de elegir a jueces mediante el voto popular nació con un discurso de democratización del sistema de justicia. Sin embargo, la implementación ha sido confusa y pareciera que sin estrategia de pedagogía cívica. El ciudadano no vota por lo que no entiende o desconoce.
El sentir común es que esta elección no fue diseñada para acercar la justicia al pueblo, sino para cumplir con una agenda nacional impuesta desde las altas esferas del poder. Lejos de empoderar a la ciudadanía, la ha dejado confundida, desinformada y desinteresada.
Sin duda, Durango será ejemplo nacional en este proceso, se ha dicho desde distintos sectores. Pero cabe preguntarse: ¿ejemplo de qué? ¿De participación ejemplar o de abstencionismo crónico?
A lo largo de la contienda, muy pocos han logrado explicar al electorado qué está realmente en juego. La mayoría de los candidatos permanece en el anonimato, sin exposición ni propuestas claras. Elegir sin información no es votar; es validar a ciegas un sistema que ya arrastra problemas de legitimidad.
Este proceso, lejos de fortalecer al Poder Judicial, puede terminar debilitándolo aún más si no se revierte esta profunda apatía ciudadana. Durango podría convertirse en un referente nacional, sí, pero como advertencia de lo que sucede cuando se lanza una reforma sin el acompañamiento social y educativo necesario.
Desde el arranque del proceso electoral advertimos que el verdadero reto era visibilizar a los aspirantes. Hoy, a días de la votación, solo unos pocos han logrado mínimamente colocarse en el radar público.
Sin embargo, a esto se suma la voz crítica de otro sector empresarial, encabezado por Raúl Montelongo Nevárez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien ha manifestado su escepticismo. Desde su óptica, la reforma judicial fue mal planteada desde el inicio y, en el caso de Durango, la elección parece un trámite sin impacto real en la independencia de la justicia.
