Petróleo para afuera, gasolina cara adentro: la soberanía energética que no llega al consumidor.
Por Alejandro Flores de la Parra.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que México no envía hoy más petróleo a Cuba del que históricamente ha enviado. El argumento es consistente en forma, pero insuficiente en fondo. Porque el verdadero debate no es si el volumen es mayor o menor, sino qué le cuesta a México seguir asumiendo ese papel energético internacional cuando el mercado interno sigue pagando gasolina cara y productos básicos cada vez más costosos.
La coyuntura es clara: Venezuela, tradicional proveedor de crudo para Cuba, atraviesa una crisis que ha reducido drásticamente su capacidad exportadora. En ese vacío, México emerge como sustituto natural. Desde una lógica geopolítica, la decisión puede interpretarse como continuidad de una política exterior solidaria y autónoma. Desde una lógica económica, en cambio, la pregunta inevitable es quién absorbe el costo real de esa solidaridad.
El problema no es Cuba, es la opacidad.
México exporta petróleo mientras importa más de la mitad de la gasolina que consume. Esa paradoja no es nueva, pero sí cada vez más onerosa. A pesar de los miles de millones de pesos invertidos en la refinería de Dos Bocas, la producción nacional de combustibles aún no logra sustituir las importaciones. El resultado es una ecuación incómoda: vendemos crudo barato, compramos gasolina cara y trasladamos el costo al consumidor final.
Aquí es donde el discurso oficial se queda corto. Pemex no ha explicado con claridad si los envíos a Cuba se pagan a precio de mercado, si se financian, si se condonan o si forman parte de esquemas compensatorios no monetarios. El uso de filiales como Gasolinas Bienestar, fuera de los mecanismos tradicionales de transparencia, solo agrava la percepción de opacidad.
No se trata de cuestionar la política exterior de México, sino de exigir claridad fiscal. Cada barril que sale del país tiene un valor económico concreto. Si ese valor no se refleja de manera visible en las finanzas públicas, entonces alguien más —el contribuyente mexicano— está cubriendo la diferencia.
Gasolina cara: el impuesto silencioso.
Mientras se habla de soberanía energética, el consumidor mexicano enfrenta precios de gasolina que impactan directamente en el transporte, la logística y, finalmente, en la canasta básica. El combustible no solo mueve autos; mueve alimentos, medicinas y servicios. Cuando sube su precio, la inflación no necesita discursos: se siente en el supermercado.
El envío de petróleo al exterior no es, por sí mismo, la causa directa del encarecimiento, pero sí forma parte de un modelo energético que prioriza decisiones políticas sin resolver primero el equilibrio interno. Exportar crudo mientras se importan combustibles refinados implica aceptar pérdidas estructurales que Pemex absorbe… y que el Estado termina respaldando.
Soberanía energética no es solo producir, es rendir cuentas.
El concepto de soberanía energética ha sido uno de los ejes discursivos del último sexenio y del inicio del actual. Sin embargo, la soberanía no se mide en discursos ni en inauguraciones, sino en resultados verificables: menor dependencia externa, precios competitivos y finanzas públicas sanas.
Si México aspira a ser proveedor energético regional, debe primero ordenar su casa. Eso implica publicar contratos, transparentar condiciones de venta, detallar ingresos y explicar cómo esos recursos fortalecen realmente a Pemex y benefician al mercado interno. De lo contrario, la soberanía se convierte en un concepto abstracto que no llega al bolsillo del ciudadano.
Una oportunidad, no una condena.
México puede jugar un papel estratégico en el Caribe y América Latina sin sacrificar su estabilidad interna. Pero para ello necesita una política energética que combine realismo económico, responsabilidad fiscal y transparencia pública. Ayudar no debería significar subsidiar silenciosamente, ni mucho menos hacerlo sin explicaciones claras.
Porque al final, el problema no es enviar petróleo a Cuba. El problema es hacerlo sin que el ciudadano mexicano sepa cuánto cuesta, quién lo paga y qué gana el país a cambio.
