Maíz en México: Soberanía en la Constitución, dependencia en el mercado.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La prohibición de sembrar maíz transgénico blindó biodiversidad e identidad nacional, pero el aumento de importaciones evidencia la distancia entre la narrativa política y la estructura productiva.
En marzo de 2025 México decidió constitucionalizar uno de sus símbolos más antiguos: prohibir la siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional. La reforma a los artículos 4º y 27 blindó jurídicamente la biodiversidad agrícola y reivindicó la soberanía alimentaria como principio político, protegiendo las 64 razas nativas que forman parte del ADN cultural del país.
No fue una reforma menor. Incorporó argumentos ambientales, sanitarios y sociales —incluido el rechazo al uso de herbicidas asociados a estos cultivos— y reforzó la apuesta por la milpa tradicional y la producción de maíz blanco no transgénico. En términos simbólicos, el mensaje fue contundente: el maíz es patrimonio, identidad y territorio.
Pero la política pública rara vez puede escapar del mercado global. Paralelamente, México retiró restricciones a la importación de maíz amarillo transgénico para uso industrial y pecuario ante presiones comerciales del T-MEC. El resultado es una arquitectura regulatoria singular: no se puede sembrar transgénico en casa, pero sí comprarlo en el extranjero para sostener la cadena alimentaria. Eso sí, la masa y la tortilla —territorio emocional y político— permanecen protegidas.
La tensión entre discurso y realidad se hizo visible en enero de 2026. Las importaciones de maíz alcanzaron 1.97 millones de toneladas, un incremento de 24.7 % anual. En valor, el país desembolsó 403 millones de dólares, 15.8 % más que el año previo.
La tendencia no se limita al cereal emblemático. Las compras externas de granos y oleaginosas subieron 13.7 %, impulsadas por el salto del sorgo (932 %), el crecimiento de la soya (casi 26 %) y el aumento del arroz (46 %). Solo trigo y frijol se movieron a contracorriente.
El dato incómodo está en el maíz blanco: las importaciones crecieron casi 293 %. Esto presiona al mercado interno justo cuando productores nacionales buscan colocar cosechas, particularmente en el Bajío. Dicho sin rodeos: la Constitución protege el cultivo nacional, pero el mercado lo obliga a competir contra grano más barato proveniente del exterior.
Las razones son conocidas: un tipo de cambio que abarata compras externas, costos internos elevados y precios internacionales que fijan referencia. Para los productores, el resultado es un entorno de competencia desigual. Para el discurso político, una contradicción difícil de ocultar.
Aquí surge la pregunta estructural: ¿puede la soberanía alimentaria decretarse desde el texto constitucional sin transformar productividad, infraestructura y financiamiento agrícola?
La reforma tiene méritos indiscutibles —protección genética, respuesta ambiental, coherencia cultural— pero también límites evidentes. México sigue dependiendo del exterior para sostener su sistema agroalimentario, particularmente en cadenas pecuarias e industriales. Cuando esa dependencia crece, la soberanía deja de ser condición material y se convierte en narrativa política.
La paradoja es elocuente: el país blindó su maíz en la ley suprema mientras ampliaba su exposición al mercado internacional para garantizar abasto. Una dualidad que permite discursos de autosuficiencia al tiempo que los puertos reciben volúmenes crecientes de grano importado.
Nada de esto invalida la prohibición. Pero sí evidencia que por sí sola no resuelve el desafío estructural. La verdadera prueba está en la inversión productiva, la tecnificación, la logística, el crédito rural y la certidumbre para el campo. Sin ese andamiaje, la reforma corre el riesgo de quedarse en el terreno simbólico.
México decidió proteger su maíz en la Constitución. Ahora debe demostrar que puede hacerlo en la economía real. Porque la soberanía alimentaria —conviene recordarlo— no se escribe en el Diario Oficial: se cosecha, se financia y se gana en el mercado.
