Cuando las vísceras sustituyen a la política.
Por: Alejandro Flores de la Parra
En política hay errores que cuestan una explicación, otros que obligan a corregir una ley y algunos, particularmente talentosos, que consiguen ambas cosas al mismo tiempo. El episodio de los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias pertenece a esta última categoría.
Lo que comenzó como una discusión técnica sobre hasta dónde puede llegar el Estado para proteger a las audiencias terminó convertido en un debate nacional sobre censura, libertad de expresión y listas de periodistas incómodos. Y en buena medida el salto de un problema al otro tuvo nombre y apellido: Luisa María Alcalde.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya ha reconocido que habrá modificaciones a los lineamientos después de la controversia provocada por disposiciones suficientemente ambiguas como para permitir interpretaciones sobre eventuales sanciones a concesionarios. Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir para aclarar que el Gobierno no pretende castigar contenidos ni decidir qué puede decir un periodista.
Hasta ahí había una crisis jurídica y comunicacional manejable.
Entonces apareció Alcalde.
Desde Palacio Nacional presentó nombres de periodistas, comunicadores, políticos y cuentas que habían cuestionado la regulación. Ella rechaza que aquello constituyera una “lista negra”; técnicamente podrá discutirse el término. Políticamente importa menos el nombre que la imagen: una funcionaria del Gobierno identificando desde la tribuna presidencial a quienes criticaban una regulación relacionada precisamente con la libertad de expresión.
Difícil imaginar una manera más eficiente de convencer a los desconfiados de que tenían motivos para desconfiar.
La paradoja revela algo más profundo que un error de comunicación: expone una debilidad de operación política. Porque operar políticamente significa reducir conflictos, construir interlocución, anticipar consecuencias y distinguir entre ganar una discusión y resolver un problema. Alcalde parece sentirse mucho más cómoda haciendo lo primero.
Y no es precisamente un fenómeno nuevo.
Su paso por la dirigencia nacional de Morena dejó señales semejantes. La primera gran prueba electoral de la dupla formada por Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán produjo resultados bastante menos espectaculares que la narrativa triunfalista del partido. En 2025 Morena perdió terreno en Veracruz y no consiguió objetivos estratégicos en Durango, incluida la capital; meses después, la propia reorganización de Morena fue interpretada como respuesta a esos tropiezos y a los conflictos internos de una dirigencia incapaz de disciplinar a un partido que había crecido más rápido que su capacidad para gobernarse.
No deja de ser irónico: administrar una hegemonía resultó bastante más complicado que denunciar conspiraciones contra ella.
En la Secretaría de Gobernación ocurrió algo parecido. Alcalde ocupó Bucareli desde junio de 2023, pero su gestión nunca terminó por construir el perfil de gran negociadora que históricamente exige esa oficina. Gobernación es, por naturaleza, la dependencia donde las convicciones deben convivir con algo mucho menos emocionante: paciencia, interlocución, cálculo y acuerdos.
La política, después de todo, rara vez premia al que grita primero.
Y ahí aparece quizá la principal vulnerabilidad de Alcalde: su temperamento político parece vencer con frecuencia a su cálculo político. Responde antes de procesar, confronta cuando debería persuadir y convierte adversarios circunstanciales en enemigos permanentes. Esa actitud puede funcionar magníficamente frente a una militancia convencida; funciona bastante peor cuando se gobierna un país plural.
Pero existe además un fantasma particularmente incómodo: la Luisa María Alcalde de 2014.
Entonces era diputada y denunciaba los riesgos de la legislación de telecomunicaciones impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Advertía sobre vigilancia, control gubernamental, geolocalización y posibles afectaciones a las libertades. Aquella joven política hablaba de impedir que el poder pudiera silenciar voces incómodas y participaba del discurso que denunciaba a la célebre “mafia del poder”. Videos de aquella época han vuelto a circular precisamente ahora.
Doce años después, el espejo resulta implacable.
Porque hoy es ella quien debe explicar por qué una regulación promovida desde el poder contiene ambigüedades que preocupan a periodistas y especialistas; y, sobre todo, por qué creyó conveniente exhibir públicamente a algunos de quienes la cuestionaron.
Se puede cambiar de opinión. Incluso es saludable hacerlo cuando cambian los argumentos. Lo difícil es sostener que aquello que era peligroso cuando gobernaban otros se vuelve democrático cuando lo administran los propios.
Ahí el problema deja de ser jurídico y se convierte en ético-político: la congruencia es también una forma de credibilidad.
Claudia Sheinbaum parece haber entendido el tamaño del incendio y su Gobierno comienza a corregir. La consulta sobre los lineamientos concluye el 21 de agosto y la CRT anticipó modificaciones.
Pero el episodio deja una pregunta más interesante que la propia regulación:
¿Luisa María Alcalde posee realmente la templanza necesaria para ocupar espacios donde la política exige construir puentes y no identificar enemigos?
Porque ideología puede tener cualquiera. Convicciones también.
Lo verdaderamente escaso en el poder es otra cosa: oficio político.
Y ese, a diferencia de una lista, no se puede improvisar en una conferencia de prensa.
