Sinaloa 2021: contabilidad creativa y política de omisiones.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En la política mexicana, la fiscalización electoral suele ser ese capítulo que todos prometen leer… y pocos respetan. El proceso electoral de 2021 en Sinaloa, donde se renovaron diputaciones, ayuntamientos y la gubernatura que terminó en manos de Rubén Rocha Moya, ofrece un caso que ilustra con precisión quirúrgica una vieja práctica: la distancia entre lo que se reporta y lo que realmente se gasta.
El Instituto Nacional Electoral (INE), en su dictamen consolidado, documentó irregularidades en los gastos de campaña de Morena por un total de 82 millones 765 mil 618 pesos. La cifra no es menor, pero tampoco sorprende en un sistema donde la opacidad suele ser más estructural que accidental. Lo interesante no es solo el monto, sino la naturaleza de las inconsistencias: omisiones de gastos, falta de comprobantes, egresos sin contratos y registros fuera de tiempo. Traducido al lenguaje ciudadano: dinero que se movió, pero no siempre dejó huella documental.
En el caso específico de la campaña de Rocha Moya, el INE identificó al menos 12 observaciones directas. Entre ellas, destacan 2 millones 10 mil 514 pesos en eventos no reportados, deudas con proveedores por 746 mil 463 pesos sin respaldo legal, y gastos de traslado por 257 mil 223 pesos sin documentación firmada. A esto se suman omisiones en publicidad —spots de radio y televisión, bardas, lonas y espectaculares— por más de 329 mil pesos no registrados.
El detalle no es menor: la fiscalización electoral no busca castigar errores administrativos, sino detectar posibles ventajas indebidas en la competencia democrática. Cada peso no reportado implica una distorsión en la equidad de la contienda. Y aquí aparece la primera ironía: en un sistema obsesionado con la austeridad discursiva, la contabilidad de campaña parece operar bajo reglas más flexibles que un acordeón.
Pero el problema no se limita a un candidato. Morena, como partido, acumuló 38 irregularidades, empatando con el PAN y solo por debajo del PRI, que registró 45. Es decir, la “cuarta transformación” no vino acompañada de una revolución contable. Entre las faltas más cuantiosas destacan 40.4 millones de pesos en contratos reportados fuera de tiempo y 24.9 millones por registros contables tardíos de 391 pólizas. En otras palabras, el dinero sí se gastó… pero el reloj administrativo parecía correr en otra zona horaria.
El INE impuso sanciones por 10 millones 802 mil 708 pesos, una cifra que, en términos políticos, suele considerarse el costo de hacer campaña en un entorno donde la línea entre lo legal y lo tolerado es, por decirlo suavemente, borrosa. Morena intentó impugnar, pero el Tribunal Electoral desechó los recursos por incumplir plazos. Una omisión más, esta vez en el terreno jurídico.
Ahora bien, el contexto agrega una capa adicional de complejidad. Rocha Moya enfrenta señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin prejuzgar ni sustituir procesos judiciales, la coincidencia entre cuestionamientos financieros en campaña y acusaciones de otra naturaleza plantea un problema político evidente: la confianza pública. Porque en democracia, la percepción de legalidad es tan importante como la legalidad misma.
Desde una perspectiva más amplia, el caso Sinaloa 2021 revela tres constantes del sistema político mexicano:
1. La normalización de la irregularidad. Las faltas no son excepcionales, son parte del funcionamiento ordinario de las campañas.
2. La debilidad disuasiva de las sanciones. Multas millonarias que rara vez alteran el comportamiento estructural de los partidos.
3. La narrativa selectiva de la legalidad. Todos exigen reglas claras… hasta que las reglas los alcanzan.
El resultado es una paradoja: instituciones que fiscalizan con rigor técnico, pero dentro de un ecosistema político que ha aprendido a convivir con la sanción como un costo más. Como si la transparencia fuera una meta aspiracional y no una condición básica de competencia.
Al final, el caso no trata solo de cifras ni de expedientes. Trata de la calidad de nuestra democracia. Porque cuando los informes de gasto se convierten en ejercicios de creatividad administrativa, la pregunta ya no es cuánto se gastó, sino qué tan confiable es el sistema que debería garantizar que todos compitan bajo las mismas reglas.
Y en esa respuesta, Sinaloa 2021 deja más dudas que certezas. Como suele ocurrir en la política mexicana, donde lo verdaderamente irregular no siempre es la excepción… sino la costumbre.
