Morena, Finabien y el extraño oficio de repartir apoyos.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política suele ocurrir algo curioso: los escándalos más incómodos no son aquellos que revelan algo completamente nuevo, sino los que recuerdan prácticas que se prometió erradicar. Por eso resulta particularmente delicada la investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la presunta dispersión de 252 mil “apoyos sociales” por parte de Morena a través de Financiera para el Bienestar (Finabien).
El reportaje, elaborado por Eduardo Buendía y Raúl Olmos, plantea preguntas que van mucho más allá de una simple irregularidad administrativa. La principal es bastante sencilla: ¿desde cuándo los partidos políticos tienen facultades para entregar apoyos sociales?
La respuesta legal parece clara. Ni la legislación electoral ni los propios estatutos de Morena contemplan entre sus atribuciones la entrega de este tipo de beneficios. Los partidos están diseñados para representar ideas, competir por el poder y formar cuadros políticos; no para convertirse en una especie de oficina alterna de programas sociales.
Según la investigación, durante la dirigencia nacional de Mario Delgado, Morena habría utilizado Finabien para dispersar más de 252 mil pagos mediante giros nacionales. Tan sólo las comisiones cobradas por estas operaciones habrían representado más de 3.5 millones de pesos. La cifra es llamativa por sí sola, pero lo verdaderamente relevante es el propósito de los recursos y la falta de transparencia respecto a su destino final.
Si los apoyos existieron, surge una pregunta inevitable: ¿quiénes los recibieron?, ¿con qué criterios fueron seleccionados?, ¿de dónde provinieron exactamente los recursos?, ¿y por qué esta operación aparentemente no fue reportada con claridad ante las autoridades electorales?
Las respuestas son importantes porque la democracia moderna descansa en una premisa elemental: separar los recursos públicos de los intereses partidistas. Cuando esa frontera se vuelve borrosa, comienzan los problemas.
Y es aquí donde aparece un fantasma que muchos creían enterrado. Un exconsejeroelectoral consultado por MCCI recordó el llamado “Caso Monex” de 2012, cuando tarjetas prepagadas fueron utilizadas en un esquema que generó una enorme controversia durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La comparación no significa que ambos casos sean idénticos. Pero sí pone sobre la mesa una ironía difícil de ignorar: durante años, Morena construyó buena parte de su legitimidad política denunciando precisamente este tipo de mecanismos y exigiendo estándares éticos superiores a los de sus adversarios.
La política mexicana tiene una larga tradición de condenar las prácticas cuestionables cuando se está en la oposición y encontrarles explicaciones técnicas cuando se llega al poder. Cambian los colores, cambian los discursos y cambian los protagonistas, pero algunas costumbres parecen resistirse obstinadamente a desaparecer.
Otro elemento que genera inquietud es la participación de Finabien, una institución pública cuyo objetivo principal es promover la inclusión financiera, especialmente entre sectores vulnerables de la población. Aunque no existe evidencia pública de que recursos gubernamentales hayan sido desviados para estas operaciones, el simple hecho de que una entidad del Estado aparezca involucrada en un esquema de dispersión de recursos partidistas amerita una revisión exhaustiva.
La democracia no se fortalece únicamente ganando elecciones. También se fortalece aceptando la supervisión, transparentando el uso de los recursos y permitiendo que las instituciones investiguen cualquier posible irregularidad sin importar quién gobierne.
Morena llegó al poder prometiendo ser diferente. Precisamente por eso está obligado a soportar un nivel de escrutinio superior al que exigió durante décadas. La vara ética que utilizó para medir a sus adversarios ahora le corresponde sostenerla sobre sí mismo.
Porque si algo nos enseñó la historia reciente de México es que el problema nunca fue únicamente quién repartía el dinero. El verdadero problema siempre ha sido la tentación de utilizar recursos, estructuras o programas para construir lealtades políticas.
Y cuando un partido comienza a parecerse demasiado a aquello que juró combatir, la pregunta ya no es jurídica ni administrativa. Es política.
Y esa suele ser mucho más difícil de responder.
