Del territorio a los resultados: la prueba del PRI en Durango.
La Palabra del Giocondo | Columna de análisis político.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
20 de octubre de 2026.
En política, recorrer las calles permite conocer los problemas, pero no demuestra que se hayan resuelto. Esa diferencia, aparentemente sencilla, separa a los representantes populares que administran su imagen de aquellos capaces de transformar las demandas ciudadanas en decisiones públicas.
El Grupo Parlamentario del PRI en Durango ha colocado la cercanía social como eje de su trabajo, bajo una premisa: “Escuchar para responder. Responder para resolver”. La estrategia tiene sentido en tiempos de desconfianza hacia los partidos, aunque plantea una exigencia inevitable: la proximidad con la gente debe traducirse en resultados verificables.
Su agenda legislativa comprende asuntos que trascienden las disputas partidistas: seguridad escolar, salud mental, protección patrimonial de adultos mayores, educación incluyente y vivienda adecuada. No son temas menores. Representan preocupaciones cotidianas que frecuentemente quedan relegadas por el espectáculo político.
Existen avances concretos. La Ley de Acoso Escolar fue aprobada por unanimidad en mayo y publicada en junio de 2026. También entró en vigor una nueva legislación estatal sobre salud mental. Son resultados institucionales relevantes, aunque sería incorrecto atribuirlos exclusivamente a una bancada. Su verdadero alcance dependerá de presupuestos, personal capacitado y mecanismos efectivos de aplicación.
Otras propuestas todavía enfrentan el desafío legislativo. Entre ellas destacan las mayores garantías para adultos mayores en operaciones patrimoniales, el acompañamiento educativo especializado y la protección jurídica de docentes frente a acusaciones deliberadamente falsas. Esta última exige especial cuidado: defender el debido proceso nunca debe significar desalentar denuncias legítimas.
Pero hay un terreno menos visible donde se mide la responsabilidad parlamentaria: el control del dinero público. La revisión de las cuentas de 2025, correspondientes al gobierno estatal y los 39 municipios, así como la próxima discusión de ingresos municipales, pondrán a prueba la independencia y el rigor técnico de los legisladores.
Aquí aparece una dimensión política particularmente interesante. El PRI cuenta con siete de los 25 escaños del Congreso y comparte identidad partidista con el gobernador Esteban Villegas. Su bancada necesita construir acuerdos con otras fuerzas sin renunciar a su obligación de fiscalizar, incluso cuando las decisiones involucren a gobiernos políticamente cercanos.
También existen urgencias que requieren algo más que posicionamientos. En septiembre, productores duranguenses reportaban alrededor de 20 mil toneladas de frijol sin comercializar y ventas forzadas de siete u ocho pesos por kilogramo. La distancia entre el discurso de respaldo al campo y las condiciones reales del mercado evidencia la necesidad de soluciones coordinadas.
Para Ernesto Alanís, coordinador parlamentario, el desafío consiste en convertir una agenda diversa en prioridades realizables, acuerdos duraderos y beneficios medibles.
Con la renovación del Congreso prevista para junio de 2027, la cercanía territorial adquiere inevitablemente valor electoral. Sin embargo, confundir presencia pública con eficacia legislativa sería un error de cualquier partido.
El PRI duranguense tiene una oportunidad para demostrar que su propuesta va más allá de una estrategia de posicionamiento. Para conseguirlo, deberá acreditar no solamente cuántas iniciativas presenta, sino cuáles prosperan, cómo se ejecutan y a quiénes benefician.
Porque escuchar puede recuperar la confianza; responder demuestra compromiso, pero solamente resolver construye legitimidad.
