LA PALABRA DEL GIOCONDO.
Medicamentos: el ahorro que todavía debe llegar al paciente
Por Alejandro Flores de la Parra
20 de octubre de 2026
La diferencia entre una compra exitosa y una política de salud exitosa cabe en una receta médica. La primera puede celebrarse en Palacio Nacional; la segunda se comprueba cuando el paciente sale de la farmacia con su tratamiento completo. Y entre ambas, México sigue enfrentando una distancia que ninguna cifra millonaria puede disimular.
El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció ahorros cercanos a 70 mil millones de pesos mediante nuevas estrategias de adquisición de medicamentos. Eduardo Clark explicó que la compra consolidada para 2027 y 2028 contempla cerca de seis mil millones de piezas, privilegiando negociaciones directas con fabricantes y subastas competitivas.
La estrategia tiene fundamentos razonables: eliminar intermediarios innecesarios, aprovechar el poder de compra del Estado y reducir sobrecostos. Sin embargo, conviene distinguir entre un ahorro estimado respecto de precios anteriores y recursos efectivamente liberados. Incluso las cifras requieren aclaración: Clark mencionó reducciones de 45 mil millones para 2025-2026 y otros 35 mil millones para el siguiente proceso. La suma es 80 mil millones, no 70 mil. Una diferencia que merece explicación metodológica.
También anunció la exclusión de 40 empresas de las actuales licitaciones por incumplimientos anteriores. Es una medida justificable para proteger el suministro, aunque jurídicamente no representa una inhabilitación administrativa definitiva. La exigencia de cumplimiento debe ser bilateral: el propio gobierno reconoció pagos recientes por aproximadamente 10 mil millones de pesos correspondientes a adeudos con proveedores.
Pero el reconocimiento más delicado fue otro: existen casos documentados de medicamentos sustraídos de hospitales públicos para comercializarlos ilegalmente. No significa responsabilizar al conjunto del personal sanitario, cuya labor resulta indispensable, sino reconocer una vulnerabilidad institucional que exige investigaciones, controles y sanciones.
Aquí cobra relevancia la apuesta presidencial por digitalizar almacenes, eliminar trámites físicos y rastrear cada medicamento desde el proveedor hasta el paciente. Es una propuesta necesaria, especialmente cuando las propias autoridades reconocen que algunos insumos permanecen almacenados mientras hacen falta en los hospitales. No obstante, la tecnología solamente funcionará acompañada de infraestructura, personal capacitado y responsabilidades claramente definidas.
El problema tampoco comenzó con esta administración. México arrastra años de dificultades en planeación, contratación y distribución, agravadas por sucesivas reorganizaciones institucionales. Reconocer esa historia no exime al gobierno actual de responder por los resultados de hoy.
Políticamente, Sheinbaum tiene una oportunidad importante: transformar los anuncios en indicadores verificables. Publicar cuánto se compra es valioso; informar cuántas recetas se surten completamente, cuánto tarda una entrega y dónde persisten faltantes sería todavía más trascendente.
La verdadera rendición de cuentas necesita datos por hospital, auditorías independientes y seguimiento de las denuncias. Solo así podrá distinguirse entre eficiencia presupuestaria, problemas logísticos y posibles actos de corrupción.
El éxito de una política sanitaria no se mide exclusivamente por cuánto dinero ahorra el gobierno, sino por cuántos pacientes reciben oportunamente los medicamentos que necesitan.
Porque en materia de salud, el mayor fracaso no es pagar demasiado por una medicina: es que el ciudadano termine comprando de su bolsillo aquello que el Estado ya adquirió con sus impuestos.
Y esa es la cuenta que todavía falta saldar.
