¿Durango está listo para ir más despacio?
Juvenal Rosales Flores
El próximo jueves, el Cabildo del municipio de Durango podría aprobar un nuevo reglamento de tránsito que modificaría la manera en que la ciudadanía se desplaza por la ciudad. ¿Pero será respetado por la ciudadanía? ¿Están los duranguenses dispuestos a reducir su velocidad en una ciudad donde, por costumbre o urgencia, muchos ven los bulevares como pistas de alta velocidad?
Uno de los puntos más llamativos de la propuesta es la reducción del límite de velocidad a 50 kilómetros por hora en bulevares y avenidas primarias. En vías secundarias, laterales y zonas habitacionales el tope será de 30 km/h, mientras que en zonas escolares y hospitales el límite bajará hasta los 20 km/h.
Sin embargo, uno de los principales retos será la percepción social. Para muchos conductores, reducir la velocidad podría significar trayectos más largos, pérdida de tiempo y frustración; pero también es cierto que las estadísticas muestran que a mayor velocidad, mayores son las probabilidades de accidentes fatales.
Además, la implementación del reglamento requerirá no sólo señalización clara, sino una estrategia sólida de vigilancia y sanción. De nada servirá aprobarlo si las autoridades municipales no cuentan con la capacidad operativa ni con la voluntad política para hacer cumplir las nuevas normas.
La propuesta no surge de la nada. Se sustenta en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establece criterios uniformes para todo el país con el objetivo de reducir accidentes viales y proteger la vida de peatones, ciclistas y automovilistas. Sin embargo, la importante del debate en Durango no está en la ley, sino en cómo se aplicará y cómo reaccionará la ciudadanía.
Los principales impulsores de este reglamento en el municipio son los regidores de Movimiento Ciudadano, Tita de la Parra y Alfredo Varela. Ambos han argumentado que no se trata de una medida restrictiva, sino de una acción urgente frente a las tragedias viales que siguen enlutando a familias duranguenses. La muerte reciente de un joven motociclista, en un accidente que involucró a un agente estatal, ha encendido nuevamente las alarmas.
El alcalde Bonifacio Herrera ha respaldado públicamente esta propuesta, considerándola positiva para la ciudad. Asegura que se trata de una medida preventiva que busca salvar vidas y fomentar una cultura vial más responsable, alineada con los estándares nacionales e internacionales de movilidad.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, de carácter nacional, tiene como principio rector el derecho a una movilidad segura, accesible y sostenible. Establece la creación de un Sistema Nacional de Movilidad, obliga a los municipios a armonizar sus reglamentos y prioriza el transporte público y la seguridad de los usuarios más vulnerables.
En ese contexto, Durango no puede quedarse atrás. Pero avanzar en este sentido implica enfrentar resistencias, explicar con claridad los beneficios y sobre todo, garantizar que el nuevo reglamento no se quede en letra muerta.
La velocidad, en este caso, no sólo es una cuestión técnica o legal; es una prueba de cultura cívica. Veremos si la sociedad duranguense está lista para poner el freno… por su propia seguridad.
El jueves se tomará una decisión importante en el Cabildo. Más allá del reglamento, lo que está en juego es el rumbo de la movilidad urbana en Durango. ¿Podrá el municipio convertirse en ejemplo de seguridad vial? El tiempo, y los semáforos, lo dirán.
