POR: LILY ORTIZ
Recaudar para avanzar, no para castigar.
Hablar del impuesto predial nunca ha sido popular, tan sola palabra “impuesto” suele generar rechazo, molestia y desconfianza. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a analizar qué representa realmente y, sobre todo, qué significa para una ciudad como Durango, que ya no es la misma de hace dos o tres décadas; hoy somos una ciudad que se acerca a los 700 mil habitantes, en pleno crecimiento, con mayores demandas y con una realidad financiera muy distinta a la del pasado.
Durango está en desarrollo, y como toda ciudad que aspira a dar el salto hacia mejores niveles de bienestar, requiere recursos. No hay servicios públicos eficientes, calles pavimentadas, parques dignos, seguridad, salud ni espacios de convivencia sin inversión; y esa inversión no aparece por generación espontánea, se debe de construir en buena medida, con la participación de quienes vivimos aquí.
Durante años, los municipios del país incluido Durango, por supuesto; dependieron de apoyos federales extraordinarios, fondos especiales y programas que hoy ya no existen; la desaparición de fideicomisos, la eliminación de más de 200 programas y la reducción de recursos discrecionales han cambiado por completo las reglas del juego. Hoy, la Federación es clara: quien quiera recibir más participaciones debe demostrar eficiencia en sus ingresos propios. Predial, agua y traslado de dominio dejaron de ser opcionales y se convirtieron en una condición para acceder a mayores recursos.
A esto se suma una realidad que pocas veces se dice con claridad: los costos de operación municipal se han incrementado de forma significativa; el aumento histórico al salario mínimo, aunque justo y necesario, también elevó el costo de servicios como la recolección de basura, contratos que están ligados precisamente a salarios mínimos. Mientras tanto, los municipios han tenido que “apretarse el cinturón”, reducir gasto corriente y optimizar recursos para no comprometer la operación básica.
En ese contexto, la actualización del predial no debe verse como un castigo al ciudadano, sino como una medida de responsabilidad colectiva; no se trata de cobrar más por cobrar, sino de cobrar mejor y de manera proporcional; y es importante señalar que las colonias populares no registran incrementos significativos; el ajuste recae principalmente en zonas residenciales y viviendas de alto valor; es decir quien más tiene, más contribuye. Así de simple y así de justo.
Pagar predial debe de ser dinero que se pierde, sino una inversión directa en la ciudad y, paradójicamente, en el patrimonio de cada contribuyente; es decir una ciudad con mejores calles, parques, servicios, iluminación y equipamiento incrementa su plusvalía; de modo que lo recaudado al tener una buena aplicación traerá un mayor beneficio.
Por ejemplo: la infraestructura vial, más de 300 calles pavimentadas, parques como el Lineal y el de la Vida, equipamiento urbano, programas sociales, clínicas de salud, apoyo a cuidadores, comedores comunitarios y proyectos decididos directamente por la ciudadanía a través del presupuesto participativo; nada de eso se sostiene sin recursos propios de un municipio.
Durango no puede aspirar a ser una ciudad moderna con una mentalidad fiscal del pasado; las ciudades que hoy son competitivas entendieron hace tiempo que el desarrollo implica corresponsabilidad, y es que no es solo exigir, también es aportar, no es solo señalar lo que falta, sino participar en cómo se construye.
Pagar el predial no es únicamente cumplir con una obligación legal; es asumir que la ciudad es nuestra casa común. Es entender que los beneficios colectivos superan con creces el esfuerzo individual. Si queremos un Durango que crezca, que brinque al siguiente nivel y que ofrezca mejores oportunidades, el camino es claro: jalar parejo; donde el ciudadano aporte y el municipio tenga la responsabilidad y la obligación de responder a esa confianza que cada contribuyente a depositado y se vea reflejado en un bien común.
